La Reina Isabel II involucrada en el escándalo de Paradise Papers
La denuncia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación habría encontrado depósitos de la monarca por al menos 10 millones de libras en las islas Bermudas y Caimán. Las polémicas empresas que favoreció la Corona con estas maniobras. Investigan también a uno de los mayores financistas del Gobierno.
Una nueva bomba mundial de corrupción salpica al poder financiero británico, esta vez con la revelación de documentos que confirman la existencia de millonarias inversiones de la Corona británica en paraísos fiscales.
El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido como Paradise Papers, registró documentos del buffete de abogados Appleby donde figuran inversiones de la Reina Isabel II por 10 millones de libras -unos 13 millones de dólares- en las Islas Bermudas y en las Islas Caimán, territorio perteneciente al Reino Unido.
La pista del dinero conduce a negocios que habrían favorecido a dos polémicas empresas: una es Threshers, la cadena de venta de bebidas alcohólicas que quebró dejando una deuda impositiva de 23 millones de libras y seis mil trabajadores despedidos, y la otra es Bright House, un negocio de “renta por alquiler” con acusaciones de explotación de los más necesitados.
Sin embargo no es la Reina la que tienen a su cargo el control de las finanzas: es el Ducado de Lancaster el que administra los fondos de la Corona, estimados en unos 650 millones de dólares, obtenidos a partir de la renta de la tierra.
Según el informe del enviado especial de Página 12, Marcelo Justo, el caso se relaciona con un importante financista del Partido Conservador, Lord Michael Ashcroft, quien abrió el fideicomiso “Punta Gorda Trust” en las Bermudas poco después de ser nombrado "lord" por la corona. Esta cuenta llegó a tener 450 millones de dólares acumulados.
Ashcroft está beneficiado con una exención fiscal casi sin igual en el mundo, llamada “non-dom” típica de la era imperial británica. Bajo esta legislación, el Lord puede tener domicilio fiscal fuera del Reino Unido aunque resida en dicho país. Así evitó pagar cuantioso montos de impuestos.
En efecto es un fuerte golpe para la administración de Theresa May, debilitada con las negociaciones por el Brexit, además del escándalo sexual que le costó el puesto al ministro de defensa Michael Fallon, que incluso podría voltear a su número dos, Damian Green, investigado por posesión de material pornográfico “extremo”.