La jueza Ann Donnelly, de Brooklyn, en Nueva York, ha accedido a la petición de la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) de suspender con carácter cautelar las deportaciones de personas procedentes de Libia, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, y Yemen que llegan a EEUU decretada por el presidente de ese país, Donald Trump, el viernes.

La sentencia de Donnelly solo afecta a las personas arrestadas a su llegada a EEUU que, según la magistrada, habían tenido la mala suerte de estar viajando en el momento en el que Trump firmó la Orden Ejecutiva en la que establecía la prohibición de derecho de asilo a esas personas.

Como estableció la jueza, "presumiblemente, nuestro propio Estado autorizó su entrada en el país". Evidentemente, cuando una persona viaja a EEUU tiene que tener sus papeles en regla, y en los casos de las personas que han pedido asilo político, ese requisito es más obvio.

Casi al mismo tiempo se conoció otra disposición similar de un magistrado de Virginia, que dispuso el acceso de ciudadanos que tuvieran derecho de residencia. Esto es, que estuvieran en posesión de una "Green Card", tal como se conoce a la tarjeta que reconoce ese derecho.

Se trata de un serio revés judicial para el presidente que viene gobernando a golpe de decreto y que asegura que "puede hacerlo todo solo", como sostuvo ante legisladores republicanos.

No se sabe qué estrategia seguirá la Casa Blanca en las próximas horas.

Las dos decisiones, que significan un fuerte quiebre en la pretensión de la Casa Blanca, se conocieron apenas poco después de que Trump dijera a periodistas que su decretoestaba marchando "perfectamente bien" en todos los aeropuertos.

"Ustedes lo han visto, todo funciona muy bien", dijo el magnate.

Los periodistas lo consultaron justamente porque, ya, para entonces, había protestas y caos en aeropuertos del país y del extranjero.