El gobierno de los Estados Unidos salió a sostener que cerca de ochenta miembros de las fuerzas policiales y de bomberos que participaron en los rescates tras la caída de las torres recibieron subsidios que no correspondían.

Según anunciaron las autoridades recibieron entre 30.000 y 50.000 dólares al año por trastornos psiquiátricos graves, como estrés postraumático, ansiedad o depresión causadas por sus labores en los atentados contra el 11 de septiembre de 2001.

Según la prensa española, estos acusados en las redes sociales posteaban fotografías en las que se veían continuando con su vida sin presentar incapacidad alguna. El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, William J. Bratton, explicó que los policías retirados "deshonraron" a las personas que verdaderamente padecieron el 11-S.

Entre los acusados se encuentran 72 oficiales retirados y 8 bomberos. Cuatro habrían sido los organizadores tres de los cuales serían una abogada de 83 años que trabajo como agente del FBI y fiscal, un consultor de pensiones de 89 años y un empleado público de 61 años.