El lunes último, el Parlamento de Cataluña proclamó el inicio del proceso de "desconexión" entre esa región y el reino de España, con el voto de 72 diputados independentistas que votaron la resolución que "declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república".

Inmediatamente, el gobierno de Mariano Rajoy montó en cólera (política) al plantear su negativa a la resolución y recurrir al Tribunal Constitucional (TC), que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución española, buscando que ese organismo declare la inconstitucionalidad de la resolución catalana.

Finalmente, el Tribunal fue unánime al suspender en todos sus efectos la resolución del Parlamento de Cataluña, advirtiendo a las autoridades catalanas sobre "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir" si realizan "cualquier iniciativa" en el sentido de continuar con el proceso secesionista.

Pero la crisis del Estado español puede agudizarse si los catalanes avanzan con los pasos requeridos para su separación de España y la constitución de un gobierno propio, ignorando la decisión del TC; lo que es muy probable, ya que la propia votación del lunes tiende a ignorar (políticamente) la autoridad estatal española y la de todos sus organismos –incluida su Constitución.

De hecho, la resolución del Parlamento catalán prevé que en el plazo de un mes comience la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública" como base de la nueva república independiente y, sobre todo, que no se respetarán las resoluciones que adopte el TC contra el proceso, al que los catalanes consideran irreversible.

"El Gobierno no va a permitir que esto continúe", había dicho Rajoy antes de recurrir al Tribunal, advirtiendo su disposición "a utilizar todos los medios de la democracia para defender a la democracia", utilizando "democracia" como sinónimo de Estado español, es decir su propio gobierno.

Es que en medio de una de las peores crisis económicas que sufre el país desde la muerte de Franco, de la que muy lentamente pretende salir, la eventual "desconexión" de Cataluña sería el golpe de gracia para un Estado que se quedaría sin su región más rica e industrializada.