Recién aprobada, la normativa ya ha generado polémica y controversia de opiniones. La reforma aprobada por el Consejo de Ministros es la segunda desde que en 1985 el Ejecutivo socialista de Felipe González despenalizara la interrupción del embarazo en los supuestos de violación, perjuicio para la madre y riesgo de malformación del feto.

Es este tercer supuesto el que ahora va a quedar fuera de la ley, aunque podría producirse legalmente el aborto de un feto mal formado si de esa circunstancia se deriva un perjuicio psíquico o físico a la madre.

Para poder abortar en este caso debe probarse con un informe tanto el eventual daño psíquico o físico a la mujer como que la malformación del feto es incompatible con la vida.

La reforma de la ley del aborto estaba presente en el programa con el que el Partido Popular ganó las elecciones de noviembre de 2011, como recordó este viernes el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La intención de la modificación es, además, respetar la doctrina del Tribunal Constitucional, de 1985, que pretendía defender el derecho de la mujer y el del feto concebido.

En el caso del feto, según Gallardón, su derecho fue quebrado "unilateralmente" por la reforma aprobada en 2010 por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció el aborto libre hasta la semana catorce.

Esa norma, hasta ahora en vigor, preveía el aborto legal hasta la semana veintidós en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y situó en los dieciséis años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción del embarazo.

Cuando la reforma aprobada hoy sea ratificada por el Parlamento el aborto por riesgo para la madre podrá realizarse hasta la semana vigésimo segunda, mientras que en el caso de un embarazo por violación podrá hacerse hasta la décimo segunda semana y siempre que haya existido una denuncia previa del delito sexual.

La interrupción del embarazo se hará con determinadas condiciones, como un informe suscrito por dos médicos que la justifiquen adecuadamente y que se practique en centros reconocidos.

La norma también obligará a que la mujer sea asesorada convenientemente antes de decidir si aborta y sin que ello sea un "trámite", como Gallardó considera que ocurre ahora.

Las menores que estén dentro de un supuesto y quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas en el ámbito familiar.

La reforma prevé penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los facultativos que la practiquen con consentimiento de mujer, y de 4 a ocho años de presión si se hace bajo amenaza o engaño.

Rechazos y polémica

Los socialistas anunciaron su rechazo y pedirán a las 76 diputadas del PP que voten en el Parlamento según su conciencia, de modo que sean sensibles a lo que consideran una norma que limita sus derechos.

Otras agrupaciones de izquierda y movimientos feministas criticaron lo que consideran un retroceso en los derechos de la mujer y responsabilizaron al Gobierno

En la parte contrario, grupos en favor del derecho a la vida del feto se mostraron satisfechos, aunque entienden que la nueva norma es insuficiente si el objetivo es suprimir el aborto.

Desde Bruselas, donde asistió a la cumbre de la UE, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que la reforma aprobada hoy va en la línea de la ley que estuvo en vigor en España durante más de veinte años y que fue aprobada por los gobiernos de González.