El proyecto aprobado SB 239 fue aprobado por la legislatura con la mayoría demócratas y promulgada por el gobernador Jerry Brown, que reducirá cargos y pasará de ser un delito grave a un delito menor cuando la ley entre en vigor en 2018. El acto de donar sangre infectada con VIH también será despenalizada. 

Distintas organizaciones LGBT, de libertades civiles y grupos de VIH en el estado describieron a las leyes como anticuadas e ineficaces, señalando que la mayoría de las condenas estaban únicamente relacionadas a las trabajadoras del sexo, que deben someterse a las pruebas de detección de sida después de haber sido arrestadas. 

En el caso de las leyes en torno a la donación de sangre, muchos informes han demostrado que la ley probablemente nunca se hizo cumplir y que se hizo poco para mejorar las medidas de detección, cuando ya existen métodos para identificar las fuentes de sangre infectada.

"Si eres una trabajadora sexual y tienes VIH, eres culpable de un delito grave antes de que ocurra cualquier contacto. Estas leyes son tan draconianas que puedes ser condenado por un delito grave y enviado a prisión, incluso si estás involucrado en una situación que comporte cero riesgo de infección de sida", comentó el senador estatal de California, Scott Wiener.

Muchos legisladores republicanos en el estado no estuvieron de acuerdo con esas declaraciones.

"Estoy convencido de que si uno contagia deliberadamente una enfermedad a otra persona que altera su estilo de vida el resto de sus tiempos y pone (a esa persona) en un régimen de medicamentos para mantener cualquier tipo de normalidad, debería ser un delito grave. Eso es, en mi opinión, una locura y debemos aclararlo", contestó el senador Joel Anderson durante el debate sobre el proyecto de ley.

De las 379 condenas relacionadas con el VIH en California entre 1988 y 2014, solo siete (menos del 2 por ciento) incluyeron la intención de transmitir el VIH, según una serie de estudios del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Angeles.

En cambio, la ley afecta principalmente a las personas que ejercen el trabajo sexual o a los sospechosos de hacerlo. La gran mayoría de las condenas, el 90 por ciento, fueron para los casos de solicitud en los que se desconocía si se había producido algún contacto físico. De las 800 personas arrestadas o acusadas hasta 2014, más del 95 por ciento de las personas estaban relacionadas con el trabajo sexual, tal y como señalaron los investigadores.

Las estadísticas también mostraron que el cargo fue impuesto desproporcionadamente contra las mujeres y las minorías: el 67 por ciento de las personas que contactaron con la policía por algo relacionado con el VIH eran negros y latinos, de acuerdo a los estudios del Instituto Williams. Las mujeres representaban el 43 por ciento, aunque en realidad representan solo el 13 por ciento de la población infectada de VIH en ese estado.

El requisito que las trabajadoras sexuales se sometan a la prueba del VIH después de las condenas se abolirá cuando entren en vigor las disposiciones de la ley.

"Al principio, la gente esperaba ver la mayor parte del peso en esas leyes de exposición intencional. Creo que todos se sorprendieron al ver que no era allí donde estaba aplicando la ley. Fue en este delito grave", comenta Amira Hasenbush, miembro del Instituto Williams y coautora de los informes.