El inmenso lodazal de la corrupción no da tregua a casi ninguna de las principales figuras de la política brasileña, incluido el presidente, Michel Temer. El Tribunal Supremo del país ha decidido abrir una nueva investigación a Temer por las sospechas de que era el responsable de negociar sobornos para financiar ilegalmente sus campañas electorales. Es la segunda investigación en la que está implicado el presidente por casos de supuesta corrupción.

En los últimos meses, Temer ya consiguió bloquear dos denuncias más contra él de la Fiscalía General de la República gracias al apoyo político del Congreso. En todos los casos, se trata de hechos revelados por empresarios que decidieron colaborar con la justicia y que lo implican en el cobro de comisiones ilegales. La Constitución brasileña impide imputar a un presidente sin la autorización de al menos dos tercios de los diputados de la Cámara, donde los sospechosos de corrupción se cuentan también por decenas.

El caso abierto ahora arranca de hace un año, cuando se hicieron públicas las confesiones de los principales ejecutivos de la constructora Odebrecht, protagonista del mayor caso de corrupción de América Latina. Los directivos de la empresa aseguraron que habían negociado con Temer el pago de 10 millones de reales (2,5 millones de euros) en dinero negro para financiar a su fuerza política, recientemente rebautizada como Movimiento Democrático Brasileño (MDB) —perdió la denominación de partido— en un intento de lavar su deteriorada imagen.

El anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, apreció indicios de que Temer “capitaneaba” una trama para financiar ilegalmente al entonces llamado aún PMDB. Pero Janot actuó solo contra dos de los más estrechos colaboradores del presidente, los ministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco. Janot dejó fuera a Temer alegando que la Constitución también prohíbe acciones judiciales contra un presidente por actos cometidos antes de su mandato. Los hechos denunciados se habían producido cuando Temer era el vicepresidente con Dilma Rousseff, contra la que luego impulsó un proceso de destitución.

Pero tanto la nueva fiscal general, Raquel Dodge, como el Tribunal Supremo tienen una interpretación distinta, ya que entienden que, aunque no sea pueda actuar contra el presidente, nada impide que este sea investigado mientras tanto para aclarar los hechos. La nueva acción judicial no tendrá consecuencias políticas inmediatas, aunque supone un revés para los intentos de Temer de recuperar su imagen pública. Tanto es así que en los últimos días algunos colaboradores suyos han alentado la posibilidad de que el presidente concurra a las elecciones del próximo octubre, pese a que su popularidad ha llegado a caer por debajo del 5%.

Fuente: El País