Finalmente ante la incertidumbre de la "independencia suspendida" de Cataluña que planteó Carles Puigdemont el pasado 10 de octubre, y ante la falta de aclaración sobre qué implica exactamente, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió poner fin al asunto y activar el artículo 155 de la Constitución española para acabar con la cuestión separatista. 

La segunda carta que ha mandado el president de la Generalitat- que insiste con la mediación internacional- a Rajoy este jueves, no satisface al Ejecutivo, por lo que seguirá “adelante con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución” para intervenir el Govern. 

"Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-0", planteó Puigdemont en la carta que no fue bien recibida en La Moncloa. Y agregó que hasta el momento la actitud de Rajoy “indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar”.

El próximo sábado el Gobierno de Mariano Rajoy intervendrá Cataluña

“Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar la legalidad y el orden constitucional y frenar el deterioro económico por la inestabilidad que los responsables de la Generalitat provocan en Catalunya”, indicó el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en el Congreso.

Para activar el mecanismo de intervención, el próximo sábado habrá un Consejo de Ministros extraordinario a las 10:00 horas (local) que comenzará con el trámite previsto por las leyes españolas. 

Qué es y qué implica el artículo 155

El artículo 155 es una de las herramientas constitucionales que viene barajando desde hace un tiempo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la tensión que fue creciendo con el Gobierno catalán. 

Se trata de un mecanismo de respuesta ante la posible independencia de una región de España y se supone que es una medida de carácter excepcional y que implica el control político de las comunidades autónomas por parte del Estado.

El texto indica que el Gobierno pueda adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma el “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen” o, si fuera el caso, la “protección” del “interés general”. 

Para su aplicación primero debe advertirse al Gobernador de la comunidad afectada- en este caso Puigdemont- y si no "vuelve a la legalidad constitucional", el Gobierno español debe presentar las medidas (enmiendas, sanciones) para la unificación ante el Senado (hoy en su mayoría compuesto por el Partido Popular que representa Rajoy) que a su vez debe aprobarlas por mayoría absolutas.