"Es urgente porque vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española", dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en lo que parece la primera política oficial de España para volver atrás sobre su historia reciente y sacar a la luz los crímenes del dictador Francisco Franco, hasta hoy venerado por la parte más conservadora de la sociedad española.

Este viernes según informó elmundo.es, el Gobierno aprobó un decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para la exhumación y el traslado del dictador Francisco Franco, decribiendo la urgencia por la "dignidad" de la democracia española, a 40 años del final del gobierno militar.

La iniciativa se traduce como el procedimiento por el cual los restos de Franco dejarán de estar resguardados en un santuario histórico -como lo es el Valle de los Caídos, un lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje para las víctimas de la Guerra Civil- para ser los huesos de un hombre más.

Con el objetivo de realizar el traslado "antes de finales año" el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará un plazo de 15 días para que la familia Franco se haga cargo. De otra manera las autoridades velarán por el "digno y respetuoso traslado de los restos mortales", es decir, la permanencia en un cementerio municipal, sin nigún trato preferencial.

El Congreso español tratará el decreto ley en el plazo máximo de 30 días, en un debate que también se prevé con todos los partidos una modificación más amplia de la Ley de Memoria Histórica, como invalidar sentencias franquistas.