En un comunicado oficial de la Cancillería de Ecuador, el gobierno del presidente Rafael Correa rechazó “la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la Presidenta Dilma Rousseff”.

“Ante estos hechos excepcionales, el Gobierno del Ecuador ha decidido llamar a consultas al encargado de negocios ante la República Federativa de Brasil”, anunció la Cancillería. 

Y agregó: “El espurio procedimiento de destitución llevado adelante en instancia legislativa, que culminó con la decisión de este día, no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad” y por ello “el Gobierno del Ecuador no puede soslayar el hecho de que un número importante de los decisores en el proceso de juicio político a la Presidenta están siendo investigados por graves actos de corrupción”.

La destitución de Rousseff es “un serio riesgo para la estabilidad” de la región y “un grave retroceso en la consolidación de la democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos”