Tras conocerse la decisión del jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de promover un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, la mandataria respondió, y aseguró que no existe ninguna base jurídica al respecto.

"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.

La mandataria afirmó que no existe ningún "ilícito" en su gestión, aseguró que se trata de "acusaciones inconsistentes", y en clara alusión a Cunha, acusado de haber ocultado cuentas con dinero de sobornos en Suiza, señaló: "No tengo cuentas en el exterior".

El presidente de la Cámara baja autorizó abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, por supuestas irregularidades fiscales. Casualmente anunció esta decisión pocas horas después de que la bancada parlamentaria del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) resolviera votar a favor de que se abra un proceso de destitución en su contra.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La petición aceptada este miércoles por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.