Antes de asumir la presidencia, una - de las tantas- preguntas que asediaban a Donald Trump era qué iba a hacer con su imperio de empresas, muchas de las cuales llevan su apellido. 

Si bien Trump anunció que el control diario de su imperio inmobiliario y otros activos pasaron a un fideicomiso administrado por sus hijos adultos, no los vendió y el pago a sus empresas por parte de gobiernos extranjeros genera un conflicto de intereses contrario a la Constitución de Estados Unidos. Así lo ven los fiscales generales de Washington D.C y Maryland que decidieron llevar al presidente ante la justicia. 

En un día donde también se esperan novedades por la llamada trama rusa, los fiscales Karl Racine y Brian Frosh  presentaron una demanda y se basan en la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense, que indica que ningún funcionario federal puede recibir regalos ni honorarios de un gobierno extranjero. Aunque el caso aún deberá ser admitido a trámite por un juez federal para que pueda seguir su curso. 

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó: “Ni la Constitución ni la historia legal de la citada cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de los negocios del presidente que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”.