La justicia española consideró inocente al padre de la niña que llegó a Uruguay a principios de 2016, y que fue acusado por la madre de la menor de violencia doméstica y abuso sexual. Además, la Justicia de Lleida, en Cataluña, ordenó que se inicien diligencias para investigar a la madre de la niña por la "presunta comisión de un delito de acusación y denuncia falsa" contra el padre, además de presumir que incurrió en "un delito contra la integridad moral de la menor".

El juzgado español ordenó que queden sin efecto las medidas cautelares que había impuesto la justicia uruguaya para cumplir con la restitución internacional que había solicitado el padre, como la restricción de comunicación y acercamiento a la niña. En ese sentido, también se indicó que deben comenzar "de inmediato" las visitas del padre a la pequeña "con supervisión del punto de encuentro", informó TNU y confirmó a El Observador Walter Pritsch, el abogado asignado por la justicia uruguaya para que representara a la niña mientras el proceso transcurría dentro de fronteras. 

El Observador intentó sin éxito consultar a las autoridades del INAU y del Mides quienes se habían expresado en contra de que la niña y la madre viajaran a España y habían asegurado que “fueron víctimas por largos años de violencia doméstica en España" por lo que entregarlas a las autoridades españolas "las expone a una nueva revictimización, sumada al daño psíquico que implica el retorno forzado a un lugar que identica con experiencias de violencia”.

La integrante de la Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, Teresa Herrera, dijo a El Observador que el proceder de la justicia española es muy dudoso. "No nos sorprende. Por eso no queríamos que fuera a España. La jueza vive en el mismo pueblo que el padre, los peritos son de los que creen que las madres le llenan la cabeza a los niños", armó y agregó que la pericia psicológica realizada por el Equipo Técnico de Lleida utilizó como marco teórico las teorías del Dr. Richard Gardner. Teoría que el Consejo General del Poder Judicial de España planeta que "supone someter a estos a una terapia coactiva y una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que precisamente tienen como función protegerles".

De todos modos, dijo que va a haber una apelación y esperan que el fallo se revierta. "En Cataluña se archiva el 75% de las denuncias de abuso infantil", explicó. Además dijo que es contradictorio que admitan que el padre "reventó una notebook contra la pared pero dicen que no existió violencia doméstica cuando las pericias realizadas en Uruguay confirmaron que hubo violencia doméstica".

En un comunicado que difundió el colectivo señaló que "en medio de estas dos posiciones claramente antagónicas queda una madre y una hija de 6 años expuestas a nuevos maltratos y agresiones ya que se han levantado las medidas cautelares que el acusado debía cumplir".

Herrera había hablado con María este miércoles y dijo que "está viviendo una pesadilla". Relató que el padre bloqueó judicialmente el ingreso de la niña a la escuela -que está viviendo con su madre en la provincia de al lado a donde vive él-. "Es alarmante la violación de derechos a la que está sometiéndose a la niña en un país que ha raticado la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo es España", nalizó el comunicado. 

El caso

La madre y la niña viajaron a España en junio pasado, luego de dos años de litigio entre los adultos: Santos reclamaba la restitución de la pequeña desde España, y la madre se oponía, porque -según sostenía- cuando viajaban en el avión hacia Uruguay para pasar la Semana Santa de 2016, su hija comenzó a hacer unos dibujos que llamaron su atención. Al llegar a Montevideo, consultó a una psicóloga y cuando el padre reclamó la restitución de la niña la madre llevó el caso a la Justicia.

A fines de diciembre de ese año, la justicia de Familia había resuelto que la niña debía volver a Europa y denunciar en España al padre si es que había elementos para responsabilizarlo de algo. Eso debía ocurrir así porque el padre y la niña son españoles y los hechos presuntamente delictivos ocurrieron en esa jurisdicción. Más tarde, un tribunal de apelaciones confirmó esa sentencia con la condición de que se cumplieran las medidas cautelares que hoy fueron canceladas, así como suspender las denuncias penales que el hombre había presentado contra su expareja.

El hombre accedió a esas condiciones, por lo que la mujer y su hija iban a viajar el 5 de octubre de 2017. Sin embargo, para evitar el traslado, la madre solicitó que la Suprema Corte de Justicia revisara el caso alegando que la niña no había sido correctamente defendida.

De todos modos, para los ministros de la Suprema Corte no hubo ninguna irregularidad, y por lo tanto autorizaron el viaje a España sin otra reserva que las medidas cautelares.

Luego, a principios de setiembre de este año, un grupo de peritos españoles determinó que no se podría probar el abuso del padre hacia la niña y por lo tanto no se podía determinar "la presencia o ausencia de la situación abusiva denunciada” por la madre.

Para elaborar ese informe tuvieron en cuenta el expediente en Uruguay y los audios y videos presentados por la madre como prueba del supuesto abuso del que era víctima. Sobre los análisis psicológicos presentados por la madre, los profesionales aseguraron que “no son informes que se puedan tener en cuenta en un ámbito forense pericial. Son frutos de psicoterapia y no respetan los principios básicos de cualquier pericial psicológica: captación y rigor técnico. Imparcialidad y honestidad en el planteamiento de diferentes hipótesis”.

Fuente: El Observador (Uruguay)