"Estamos frente a actos de enorme barbarie e irracionalidad como poner estos explosivos en las calles; esto que estamos viviendo preocupa mucho más allá de que estén ligados a organizaciones criminales", expresó Carrillo durante un recorrido por el popular barrio Cristo del Consuelo, donde ocurrió la explosión, informó la agencia de noticias AFP.

Esta mañana, el área afectada se encontraba cercada por vallas y cintas de seguridad y custodiada por decenas de policías y militares que salieron a las calles tras la declaración de un estado de excepción por 30 días en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que incluye a las vecinas Durán y Samborondón.

De acuerdo con el decreto, Guayaquil, con 2,8 millones de habitantes, es "la zona de mayor cometimiento de homicidios intencionales" en el país, con un 32,5% de los casos.

Carrillo precisó que la explosión del domingo fue realizada con materiales "caseros" y "artesanales" y mató a cinco personas -sin antecedentes penales- e hirió a 17, de las cuales dos están en estado crítico.

"Estos hechos y con la cantidad de personas que han sido afectadas, la misma comunidad que ya vive en estado de tensión, son daños enormes que tenemos que reparar socialmente", manifestó el funcionario.

Ayer, dos personas a bordo de una moto lanzaron cerca de un restaurante una bolsa en cuyo interior estaban los explosivos.

La detonación destruyó las paredes de viviendas cercanas y afectó a cuatro vehículos y una motocicleta.

Según testigos, inmediatamente antes de que se escuchara la explosión se produjo un tiroteo entre grupos de personas a bordo de motocicletas y luego algunos de ellos arrojaron una bolsa de arpillera al local de un comercio de comidas.

Tras el incidente, Carrillo dijo que se trataba de un ataque de "mercenarios del crimen organizado" y lo consideró "una declaración de guerra al Estado".

Poco después, el Ministerio de Gobierno calificó el incidente como "acto terrorista".

El Gobierno ofreció 10.000 dólares para quienes entreguen información sobre el caso y dictó el estado de excepción, que también suspende los derechos de libertad de asociación y de inviolabilidad de domicilio.

El Gobierno dictó en abril pasado una medida igual en las provincias de Guayas, cuya capital es Guayaquil, Esmeraldas y Manabí a causa del narco.

Este no es el primer ataque con explosivos en el país. Entre enero y agosto la policía reportó 145, de los cuales 72 ocurrieron en el distrito de Guayaquil.

En la ciudad de Guayaquil, desde enero pasado, fueron asesinadas 861 personas.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta una oleada de criminalidad vinculada al tráfico de drogas, que deja escenas de terror con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de la modalidad utilizada por los carteles narcos de México.

Los enfrentamientos se extienden hasta las cárceles, donde desde febrero de 2021 se produjeron siete matanzas con cerca de 400 reos muertos.

El reporte más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), publicado en junio pasado, indica que Ecuador en 2020 decomisó 6,5% del total de la cocaína incautada en el mundo.

En 2021, Ecuador incautó el récord de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína. En el primer semestre de este año, los decomisos superan las 100 toneladas.

El año pasado la nación, con 18 millones de habitantes, cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020