Una comisión parlamentaria especial decidió que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasará al plenario de la Cámara de Diputados.

La decisión fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra, en una comisión formada por 65 diputados, resultado que supone un nuevo paso hacia un eventual 'impeachment' hacia la destitución de Rousseff.

Según el diputado instructor de la comisión, Jovair Arantes, las acusaciones contra Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y 2015, "son de elevada gravedad" y tipifican un "delito de responsabilidad".

A su vez, el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, reiteró que el "delito de responsabilidad" no llegó a ser tipificado e insistió en que, si las hubiera, esas irregularidades no pasarían de ser meras "faltas" administrativas.

"Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró Cardozo.