Activistas brasileños anti Mundial pidieron asilo en Uruguay
Tres activistas que se movilizaron contra el Mundial de Brasil, acusados y apresados por "asociación ilícita", pidieron asilo en el consulado uruguayo en Rio de Janeiro luego de que les revocaran el recurso de habeas corpus. Aducen ser "tratados como terroristas".
La abogada Eloísa Samy y los activistas brasileños David Paixao y Camila Nascimento pidieron asilo en el consulado de Uruguay en tierra carioca luego de que una orden judicial revocara un habeas corpus que se le había concedido tras pasar cinco días en prisión.
Los tres están acusados por el Ministerio Público de "asociación ilícita" por su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar durante los últimos meses al Mundial que se desarrolló en Brasil.
Samy fue detenida en una protesta ocurrida antes de la final del Mundial de Brasil, cuando un total de 23 activistas fueron apresados. En tanto, Paixao y Nascimento no fueron detenidos pero también recae sobre ellos el pedido de prisión preventiva por los mismos motivos, según informa el diario Tiempo Argentino.
"Estamos siendo tratados como terroristas", aseguró Samy en el consulado uruguayo, donde se quejó de que la semana pasada fue encarcelada como una "delincuente común" cuando por su condición de abogada debería tener derecho a un régimen especial, que la ley brasileña concede a personas con estudios universitarios.
En ese sentido, la abogada dijo ser "una perseguida política" en razón de su labor en "defensa del derecho de manifestación", agregando que durante su estadía en prisión las condiciones fueron "horribles".
Samy indicó que decidió solicitar asilo político a Uruguay porque el presidente de ese país, José Mujica, "sabe lo que es la persecución política y la fuerza opresiva del Estado", argumentando que "si no aceptan mi solicitud me llevarán de nuevo a prisión y no tendré derecho a defenderme".
El magistrado Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, del Tribunal de Justicia carioca, decretó la prisión preventiva porque los acusados, en su opinión, suponen un "riesgo para el orden público".