La Ley de Cine contempla la autarquía del Incaa y la conformación del Fondo de Fomento Cinematográfico, con recursos genuinos establecidos por esta misma norma. Esos recursos se desprenden del 10 por ciento del ticket que el público paga en cada sala del país y del impuesto a todas las empresas que hacen uso del espacio radioeléctrico nacional.

La denuncia de la comunidad audiovisual apunta a las autoridades nacionales, tanto el ministro de Cultura Pablo Avelluto, como el presidente Mauricio Macri, y los acusan de atacar a la producción nacional en pos de beneficiar a las producciones extranjeras y de evitar impuestos a empresarios de grandes medios.