Ahora legalizados como acreedores privilegiados, los 51 bonistas "me too" oficializan durante el encuentro con el juez Thomas Griesa el pedido de embargo de los futuros pagos que acordó el gobierno con el Bonar 24. Como es de esperar y como lo hizo a lo largo de todo el conflicto, el magistrado neoyorkino avalaría el reclamo en contra del gobierno argentino.

Al término de la reunión o durante la semana que viene, Griesa estaría en condiciones de determinar que el pago de este título público quede bajo la cláusula "pari passu" y deba ser coparticipado con todos los fondos buitre y holdouts, incluyendo los acreedores primarios que vencieron en el "Juicio del Siglo" y los "me too", según informa Carlos Burgueño en Ámbito.com

Los abogados argentinos del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) también expondrán las razones por las cuales el país considera que los bonos no pueden quedar bajo la aplicación de la "pari passu" y que deben quedar liberados de cualquier acción judicial.

En teoría, el accionar del magistrado significará que la emisión del Bonar 24 quedará declarada "ilegal": Griesa ya se había definido a favor de la prohibición de la colocación de deuda argentina fuera de EE.UU., incluyendo los bonos emitidos fuera de la jurisdicción norteamericana, como por ejemplo Buenos Aires.

El Bonar 24 fue lanzado por el Gobierno de Cristina de Kirchner el 21 de abril pasado, desde la Argentina y sin la intervención de ninguna entidad financiera como operadora.