En primer lugar, Kicillof  aclaró que "la llamada 'causa dólar futuro' no es un 'negociado' ni una causa de corrupción" y agregó que en "las 1.000 páginas del expediente, no hay ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión".

Lejos de concluir allí, el escrito del exministro de Economía aclaró que la intervención del "dólar futuro" por parte del Banco Central es "una operatoria normal y parte habitual de la política cambiaria".

Para que se comprenda la operatoria, el economista explicó que, si por ejemplo, "si hoy el dólar valiera $15 y en el mercado se estableciera un “dólar futuro” para dentro de un mes a $20, se estaría admitiendo indirectamente una devaluación". Es decir que "el efecto sería similar al que si la devaluación se produjera hoy mismo".

En otras palabras si el BCRA convalidara "un dólar futuro muy elevado es lo mismo que convalidar una devaluación", aclaró. De este modo, el Banco Central en 2015 "evitó que se produjera una mega-devaluación inmediata de la moneda por causa de una corrida cambiaria. Este organismo autónomo, encargado de la estabilidad cambiaria, monetaria y financiera, intervino a tal efecto en los mercados que regula. No se hizo nada extraño, sino seguir implementando medidas en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, que estaban incluso plasmadas en la Ley de Presupuesto", explicó de manera más explayada. 

Sobre los contratos atados a un dólar futuro que fijó el Central puede configurar un delito, Kicillof recordó que "es imposible afirmar que la venta de contratos atados al valor del dólar futuro a un precio distinto es un delito". "Se puede estar de acuerdo o no, pero seguro no es materia del derecho penal, no es ilegal y no es delito", señaló. 

"Es por eso -agregó Kicillof en otro pasaje -que insisto en que esta causa tiene exclusivamente carácter político. De prosperar, este intento de judicializar la política económica sentaría un verdadero y novedoso precedente a escala mundial. Porque con este criterio las políticas del gobierno actual, que hasta ahora han logrado bajar ostensiblemente el salario real, provocar el despido a miles de argentinos, poner en jaque a buena parte de la industria y el comercio, enriquecer a los bancos con una elevadísima tasa de interés que además perjudica a la producción y el consumo nacionales; deberían también discutirse en tribunales. Por ese camino se llegaría al absurdo de que el poder judicial sea el que determina cuál política económica debe aplicarse en base a si es o no un delito".

El diputado Nacional  caratuló esta causa dentro de las conocidas como "denuncias Voligoma". "El procedimiento consiste en cortar y pegar la nota de diario Clarín, y convertirla en denuncia y causa judicial", sintetizó. Es que, según alegó en su escrito la razón por la que fue citado a declarar parte de una nota del "periodista Marcelo Bonelli del Diario Clarín que además aporta como “pruebas” sus propias notas en el diario".

"Se pasó estos meses investigando la existencia de estos hechos inventados por Bonelli. En este expediente no se ha probado ninguno de estos hechos y, para peor, cuando a último momento Usted cita a declarar al colaborador de Scioli cuya identidad Bonelli no podía revelar, Gustavo Marangoni simplemente niega todas estas fabulaciones. 

Por último, Kicillof cuestionó el rol del juez Bonadío. "un Juez Federal de la Nación debería saber distinguir entre un posible delito y una simple operación político-mediática impulsada por el periodismo para favorecer a un partido político y perjudicar a otro. [...] su único objetivo es la persecución de ciertas personas para instalar en la opinión pública que han cometido un delito cuando no lo han hecho.

"Pretenden como mínimo dejar la sospecha de que son corruptas, o buscan provocar una foto en las escaleras de Comodoro Py y otros circos mediáticos a los que un Juez de la Nación no debería jamás prestarse", concluyó el escrito.