Como se esperaba, las pequeñas y medianas empresas también buscan que se anule el nuevo esquema tarifario que impuso Aranguren, que aumenta los costos de producción que, eventualmente se trasladan a los precios del producto final. 

La presentación de CAME tuvo lugar ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero, " en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme contra el Poder Ejecutivo Nacional", representado por el ministerio y el ente ya mencionados, informó el portal M1.

La entidad reclamó que "se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones N° 28/16, 31/16, 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, ccts. y Resolución N° 3725/16, I/3843/16 del ENARGAS que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios".

Además que "dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país".

En ese sentido, también solicitó que "se ordene a las demandadas (las compañías distribuidoras de gas) abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado" y que "se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de Gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública".

CAME reclamó que "se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales", en tanto para aquellos que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas "se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro".

Por último, la entidad empresaria pidió que "se ordene al Estado Nacionaldisponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos".