Investigan a bancos y a Shell por la suba del dólar de principio de año
Dos fiscales pertenecientes al organismo que estudia los casos de lavado de dinero en la Procuración General de la Nación iniciaron una investigación penal con la empresa Shell y a los bancos Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribas y JP Morgan por la estrepitosa suba del dolar en enero del 2014. Las entidades están acusadas por el delito que atenta "al orden financiero y económico".
Comienza la investigación a bancos y a la empresa Shell por la devaluación de enero. El organismo que estudia los casos de lavado de dinero en la Procuración General de la Nación reclamó investigar penalmente a directivos de una serie de bancos privados y a la empresa petrolera Shell, a partir de la disparada del dólar de enero del año pasado.
El pedido, que fue planteado por el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, se basa en un trabajo del Área de Fraude Económico y Bancario de esa repartición.
Dichos fiscales imputaron a los directivos de la la empresa Shell y a los bancos Galicia, HSBC, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribas, JP Morgan y de Córdoba por actuar "en conjunto" para generar una drástica y peligrosa suba del dólar el 23 de enero pasado.
Según las fuentes, ese día el BCRA decidió no intervenir en el mercado, por lo que el dólar oficial escaló 24 centavos y cerró a $ 7,14, mientras que el blue tocó los $ 12. Por dichos motivos el grupo de bancos y a la petrolera Shell actuaron en conjunto para realizar "operaciones especulativas en los mercados de cambios de divisas generando una alza de la cotización del dólar".
Según los fiscales las operaciones de los distintos bancos ese día fueron generadas para conseguir la desestabilización del mercado. Los bancos y la empresa son imputados por el delito "contra el orden financiero y económico" previsto en el artículo 309 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a cuatro años o multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación.
"La denuncia tiene mucho sustento documental y cronológico de los cambios que se produjeron en esa época. Estamos ahora recolectando prueba concreta como informes al Banco Central de la operatoria de estas entidades. Es histórico porque una denuncia de estas características no tiene antecedentes", señaló Guerberoff.