La tercera fue la vencida. A diferencia de las veces anteriores en que los buitres habían reclamado este castigo para la Argentina, Griesa decidió este lunes ceder a las presiones de los fondos especuladores.

El juez neoyorquino Thomas Griesa declaró formalmente a la Argentina en "desacato", por desobedecer la orden de pagar a los fondos buitres los 1.330 millones de dólares que reclaman, en lo que sería un fuerte golpe a la reestructuración de deuda soberana, que con tanto éxito incluyó al 92 por ciento de los bonistas.

"La decisión sobre la multa monetaria por Argentina vendrá después", dijo el juez durante la reunión donde participaron ambas partes y el mediador Dan Pollack.

El canciller Héctor Timeman advirtió este mediodía que "no es concebible la declaración de desacato" porque "un estado extranjero no puede estar sujeto a sanciones monetarias por autoridades judiciales de otro país".

Según el ministro de Relaciones Exteriores, se trata una "presión de los fondos buitre porque tienen los días contados".

El pedido de desacato fue rechazado por Griesa en al menos dos oportunidades, aunque la audiencia de este lunes fue la primera convocada especialmente para abordar este tema.

Argentina paga

El Ministerio de Economía ultima los detalles formales para llevar adelante el pago de U$S 200 millones en la cuenta de Nación Fideicomisos para cancelar servicios de deuda de bonos reestructurados que vencen el martes 30 de septiembre.

Esta es la primera operación que se llevará a cabo tras la reciente sanción de la Ley de Pago Soberano, a partir de la cual el Gobierno cambió la jurisdicción de cobro permitiéndoles a los tenedores de bonos reestructurados eludir el bloqueo dispuesto por el juez Thomas Griesa.

El viernes pasado, durante una audiencia con representantes de Argentina, de Citibank y los fondos buitres, Griesa decidió imponer un 'stay' hasta el 31 de diciembre, de tal forma de permitir al banco estadounidense pagar "por única vez" el próximo 30 de septiembre los cupones de deuda de los bonos Par que suman en total cinco millones de dólares.

Por su parte, el canciller Héctor Timerman afirmó que "ahora todos quieren hablar de reestructuración de deuda soberana", al remarcar la importancia de la resolución aprobada el viernes por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que condena el accionar de los fondos buitre.

"Es la primera vez que las Naciones Unidas va a investigar sobre las actividades que realizan estos especuladores internacionales y las consecuencias de sus acciones sobre los pueblos de todo el mundo", dijo Timerman.