El Gobierno acusó a Griesa de "abuso de autoridad"
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía sostuvo que el juez de Nueva York trató de "impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos".
Luego del rechazo a la legitimidad del pago que efectuó la Argentina, con motivo de cumplir con el vencimiento de la reestructuración de deuda, el equipo económico nacional acusó al juez neoyorkino de "provocar el default de nuestro país".
El Ministerio de Economía sostuvo que el magistrado Thomas Griesa de Nueva York trató de "impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos".
"En el día de ayer, 26 de junio, la República Argentina realizó en tiempo y forma el pago de los servicios de su deuda reestructurada en 2005 y 2010. A pesar de esta muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país", expresa el documento.
"Tal como se había adelantado en el comunicado del día de ayer del Gobierno Nacional, el juez norteamericano ahora intenta bloquear' el cobro. Al tomar tal medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales", advirtieron desde el Palacio de Hacienda.
El rechazo de Griesa al pedido de que levante su medida 'stay' y permita a los bonistas recibir los fondos que les correspondan, motivaron la advertencia que la cartera económica argentina calificó como "insólita e inédita".
Específicamente, se habla de insólita porque el juez está decidiendo sobre instrumentos autorizados, previstos y acordados de manera previa. Además, su validez nunca fue objetada en juicio ni denegada por el organismo encargado de su control, la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC). Como agravante, cabe destacar que los fondos ya no le pertenecen a la Argentina, sino a sus acreedores.
La cuestión observada como inédita, se relaciona con que "un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar", según explica el comunicado.