"En el día de la fecha los representantes legales de la República Argentina concurrieron a una nueva audiencia convocada por (Thomas) Griesa en la que el juez continuó sin dar resolución a ninguna de las cuestiones pendientes", señaló el comunicado del Palacio de Hacienda.

"Griesa mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Estos recursos, que son propiedad de los bonistas, continúan congelados en la cuenta que el Banco de Nueva York posee en el Banco Central de la República Argentina", subrayó la cartera que conduce Axel Kicillof, según la agencia Télam.

Ante este bloqueo, "bonistas de todo el mundo han iniciado reclamos al juez y acciones legales contra el Banco de Nueva York, puesto que el dinero acreditado en sus cuentas es de propiedad de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010".

"Evidentemente, el juez Griesa continúa inmovilizando los fondos con el único propósito de forzar a la República Argentina a pagarle a los fondos buitres", dice el comunicado.

"Sin embargo, el pasado 27 de junio la República cumplió con el compromiso que mantiene con sus acreedores, tal y como lo viene haciendo ininterrumpidamente desde el año 2005", recordó Economía que mantiene la postura de que, por este pago, Argentina no ha entrado en "default" como señalaron algunas consultoras de riesgo crediticio.

El Ministerio de Economía destacó que "para peor, el juez Griesa continúa contradiciéndose a sí mismo -y a los hechos evidentes- al sostener que Argentina no pagó".

"Sin embargo, fue el mismo juez Griesa quien en la anterior audiencia reconoció claramente que Argentina había cumplido con su obligación, y decidió mantener los fondos que son propiedad de los acreedores en el Banco de Nueva York hasta que la República le pague a los fondos buitre la suma de 1.600 millones de dólares".

Asimismo, el juez Griesa "insiste en presionar" a la Argentina "para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos, y con el riesgo de que dispare la Cláusula RUFO" de tratamiento igualitario a los tenedores de bonos, lo que pondría en peligro todo el proceso de reestructuración de deuda llevado adelante a partir de 2005.

Para Economía, el magistrado "sigue desconociendo la decisión soberana de Argentina de reestructurar su deuda pública, en violación de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que posee todo Estado sobre fondos destinados al ejercicio de su actividad soberana".