El Ministerio de Economía condenó el compromiso de Griesa con los buitres
En un documento, Economía contó que en la audiencia de este martes, Griesa propuso mociones pero nunca las trató de manera fehaciente, mientras que se limitaba a amenazar a "la República Argentina con lo que él insiste en denominar 'default', repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA)", según el texto.
En su comunicado, el equipo económico argentino resaltó la falta de compromiso del juez Griesa en resolver las cuestiones por las que citó a las partes.
"Griesa convocó a una audiencia en el día de hoy en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte por: Euroclear y Clearstream,Citibank, BONY, JP Morgan, Bonistas europeos (Eurobondholders), Fondos buitres (NML). Aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia", advierte el texto difundido por la cartera de Economía en su primer párrafo.
Los buitres “sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable", pidieron los abogados que representan los intereses argentinos como una alternativa para llegar a un acuerdo.
En el descargo, el equipo económico destacó la falta de compromiso del juez hacia las mociones propuestas por él mismo: "Argentina, por su parte, apoyó alguna de estas mociones. Y además reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares".
"Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños", subrayó el Palacio de Hacienda.