Con la Ley 26.737, sancionada en 2011, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó limitar la extranjerización de la tierra; pero Mauricio Macri, con la excusa de buscar inversiones, promovió “liberar las tranqueras” territoriales y así fomentar esa extranjerización.

La norma busca reglamentar y limitar la cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras, estipulando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

En concreto, las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15 por ciento a nivel nacional, provincial y departamental. Pero la gestión macrista logró pulverizar ese y otros topes, promoviendo una brutal enajenación de las tierras productos a favor de individuos o capitales extranjeros.

Así lo revela un pormenorizado informe de Chequeado.com, que precisa en 12.520.826 las hectáreas en manos de personas, empresas o compañias off shore de origen extranjero, casi el 5,6 por ciento de todo el territorio rural argentino.

La provincia con mayor extranjerización de tierras es Salta, gobernada por el filomacrista Juan Manuel Urtubey, donde 1.727.411 hectáreas son de propiedad extranjera; es decir, más del 11 por ciento del total de la supericie de la provincia pero un porcentaje mucho mayor si solo se consideran las tierras productivas.

Alarmante: los verdaderos dueños del territorio argentina en la era macrista

De hecho, departamentos salteños como San Carlos y Molinos superan largamente el tope estipulado por la Ley 26.737 y encabezan el ránking: el 58,8 por ciento y el 57,8 por ciento de las tierras, respectivamente, son propiedad de extranjeros.

Les siguen Gral. Lamadrid, en La Rioja; Lácar, en Neuquén, y Campana, en la zona núcleo de Buenos Aires, todos lugares donde la extranjerización supera el 50 por ciento y, por tanto, los límites que la ley impone.

A nadie debería extrañar, entonces, que el fomento de la extranjerización fomentada por el gobierno de Macri sea luego defendido a sangre y fuego por los gendarmes y prefectos de Patrica Bullrich.