En una resolución de nueve carillas, el magistrado declaró la nulidad de la investigación que había dispuesto su colega Manuel De Campos sobre el comisario Rubén Aguilar y los suboficiales René Lamarque y Diego Rojas, por cuestiones procesales.

El magistrado –a quien el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia que presentó a partir del 1 de julio– acogió favorablemente un planteo del abogado Alfredo Olivan, defensor de los policías, quien cuestionó que De Campos ampliase el objetivo de su pesquisa, cuando debió haberlo remitido a otro magistrado, y avanzó sin requerimiento fiscal.

Al momento que De Campos investigaba a la barrabrava de Boca por hechos de violencia, comenzó a recibir denuncias anónimas. Las mismas alertaban sobre la presunta "cobertura" que daban los policías a "negocios financieros" de la barrabrava en una "cueva" que funcionaba en el microcentro que, incluso, fue allanada en octubre de 2013.

Cubas afirmó que "más allá de la garantía constitucional afectada" considera "oportuno destacar además que la actuación del Juzgado contrarió el principio 'ne procedat iudex ex officio', que sostiene que el juez no puede promover proceso por iniciativa propia sin que la acción sea instada por el Fiscal o, en su defecto, por las fuerzas de seguridad, y por ello también la nulidad absoluta de todo lo actuado se ajusta a derecho".

La semana anterior el magistrado presentó su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación, la que le fue aceptada por medio del decreto 979/2015 que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ministro de Justicia Julio Alak.