A las 4.45 de la madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca era fusilado por fuerzas franquistas en el camino que va de Víznar a Alfacar, en la provincia de Granada, ubicada en el sur de España.

Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común en algún lugar de la zona, junto al cadáver del maestro nacional Dióscoro Galindo y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ejecutados junto a él.

Esta semana se cumplen 80 años del asesinato y la jueza María Romilda Servini aceptó este miércoles hacerse cargo de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en abril, y envió un exhorto a España para iniciar las diligencias tendientes a esclarecer el crimen del gran poeta.

En la denuncia presentada ante la jueza argentina que desde 2010 se ocupa desde Buenos Aires de los crímenes de la dictadura franquista, aparece un informe policial de 1965 que salió a la luz el pasado año y en el que, según la ARMH, "se acredita de manera fehaciente las circunstancias de la detención y asesinato" de Lorca; en el documento se tildaba al poeta de socialista y masón y se lo señalaba por sus "prácticas de homosexualismo".