Las políticas de ajuste y contra los trabajadores de Cambiemos se replican en la Provincia. Por segunda vez en menos de quince días, Vidal vuelve a vetar una ley que favorecía a quienes buscaban sostener sus salarios, pese al abandono empresario.

Esta semana, la gobernadora vetó la ley que garantizaba el funcionamiento de la cooperativa de la ex Acoplados Petinari, que contiene a 120 empleados, y ahora los cooperativistas quedaron a la deriva y sin el amparo estatal. "Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes", explicó a ese matutino Luis Coronado, abogado que patrocinó a los trabajadores que se constituyeron en Acoplados del Oeste (ADO), al diario Página 12.

El proyecto fue aprobado en ambas cámaras de la legislatura bonaerense, y lo más llamativo es que hasta fue votada positivamente por el el bloque PRO.

"El veto nos llama la atención porque el Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación, visitó la planta con técnicos y después de relevar la situación envió un informe positivo a la gobernadora", agregó Coronado.

Para colmo, el lunes pasado, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón notificó a la cooperativa que en 10 días se dispondrá una fecha de desalojo.

"Estamos hablando de una empresa en la que se acreditó el vaciamiento, que entre 2012 y 2015 despidió a 180 personas y que redujo el plantel al punto de quedar inoperable", sostuvo el abogado. Según contó Coronado, además de lo adeudado a quienes trabajaban en la empresa, la firma Petinari debe a la AFIP aportes y contribuciones desde 2009 y ganancias desde 2007. 

Además, según cuenta la misma nota, la ex metalúrgica acumuló una deuda comercial de 4 millones y medio de pesos y otra de unos 3,5 millones a ARBA. Por otra parte, a pesar de haber concretado varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, las negociaciones fracasaron "y a la última instancia (los responsables de la firma) ni siquiera se presentaron", aseguró el letrado. "Esta fue la conducta económica de una empresa que defiende la propiedad privada", ironizó.

Tras el veto, diputados del FpV, que habían impulsado la expropiación, volvieron a presentar el proyecto que, de aprobarse nuevamente, Vidal no podría vetarlo. Pero el massismo no acompañó la propuesta de volver a tratar el tema, por lo que no se consiguió el dictamen positivo.

"Los diputados del Frente Renovador, que habían palmeado la espalda de los trabajadores, hoy (por ayer) se dieron vuelta, por lo que la única posibilidad es que se trate sobre tablas, aunque ya dejaron trascender que no bajarán a votar", contó Caponera.

La fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados, carrocerías volcadoras, semirremolques, bateas, contenedores y repuestos en general. El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando en la planta ya se había reducido a 188 empleados: tres años atrás funcionaba con 374. El 7 de julio se constituyó como cooperativa y en agosto del mismo año inició el proyecto de expropiación, aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el poder Ejecutivo a través del decreto 307/2016.