La provincia de Buenos Aires también es víctima de la ola de despidos que se sufre en todo el país, con miles de trabajadores que se quedaron en la calle desde la llegada de Cambiemos al Gobierno. Por eso, los senadores bonaerenses del Frente para la Victoria presionan al gobierno de María Eugenia Vidal para que declare la Emergencia Laboral.

Al respecto, los legisladores del FPV, con gran adhesión de la oposición, presentaron este martes el proyecto de ley ante la Cámara alta provincial, con la intención que el gobierno bonaerense declare la emergencia y se frenen las pérdidas de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público.

El proyecto de ley fue promovido por Sergio Berni y presentado por el bloque de senadores del FPV, logrando un amplio acompañamiento de la oposición al ingresar en la Cámara con las firmas de los presidentes de bloque del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio; del PJ, Daniel Barrera; y del monobloque PJ-NK, de la senadora ​Fernanda​​​ Campos.

El objetivo de la iniciativa es que el gobierno provincial declare la Emergencia Laboral en territorio bonaerense por el térmico de un año, para “paliar la compleja situación que atraviesa la Provincia respecto al empleo público y privado”, y para evitar “las consecuencias directas que están teniendo los despidos sobre la productividad y la economía de toda la sociedad”, según detalla el comunicado del FPV.

De acuerdo con el proyecto, “el Poder Ejecutivo deberá disponer el cumplimiento de los regímenes de empleo vigentes en la Administración Pública Provincial, y establecer un procedimiento administrativo de emergencia, que determine las causas específicas de desvinculación laboral de cada trabajador despedido del Estado Provincial”.

​“Queda prohibida durante la vigencia de la ley​ de emergencia en el sector público provincial, la rescisión sin justa causa de los contratos laborales”, establece la iniciativa, y amplía: “En el ámbito privado, las empresas que produzcan despidos sin causa y obviando la comunicación al Ministerio de Trabajo, serán sancionadas con la quita de beneficios impositivos y multas administrativas”.