La mujer, de quien no se divulga el nombre para preservar su identidad, ingresó el miércoles a la guardia del nosocomio, con signos de hemorragia vaginal. Fue atendida por el ginecólogo de guardia ya que se trataba de un "incidente obstétrico".  El profesional de la salud dejó asentado el hecho y dio aviso a la Policía ya que presuntamente había indicios de un "parto". 

La diputada provincial por el Frente para la Victoria, Lucía Portos, se hizo presente en el lugar dialogó con la víctima. La legisladora explicó en diálogo con LaNoticia1 que la paciente damnificada "niega haber tenido conocimiento de un embarazo y mucho menos de un aborto provocado".

Sobre lo sucedido, para Portos desde el oficialismo "están volviendo a la vieja práctica de las denuncias por sospecha de aborto, que obviamente va en contra de los derechos de la mujer. Que las obliga a elegir entre su salud o su libertad", dijo.

Al respecto, la Red de Mujeres y la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir,  manifestó su "repudio frente a un nuevo caso de violación al deber de guardar secreto profesional".

"Carla (nombre de fantasía para resguardar su intimidad) llegó a la guardia del Hospital con una emergencia gineco-obstétrica. Fue atendida por el Dr. Christian Pesce quien luego de violentarla la denunció a la policía en violación a su deber ético y legal de guardar secreto profesional", asegura el comunicado de la entidad. 

Desde la Red recuerdan que en Argentina, "el deber de confidencialidad surge de un marco normativo formado por la Constitución Nacional, los tratados de DDHH, normas específicas dictadas en materia de salud, y legislación penal que castiga la violación del secreto profesional. Es obligación del Estado intervenir por medio de políticas públicas tendientes a prevenir —por medio de la capacitación y difusión de criterios claros— y sancionar a quienes afectan profundamente la dignidad y privacidad de mujeres, niñas y adolescentes violando derechos humanos básicos. En caso contrario se compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino". 

"están volviendo a la vieja práctica de las denuncias por sospecha de aborto, que obviamente va en contra de los derechos de la mujer. Que las obliga a elegir entre su salud o su libertad", dijo la diputada Provincial Lucía Portos, presente en el lugar. 

La legisladora explicó que la paciente damnificada niega haber tenido conocimiento de un embarazo y mucho menos de un aborto provocado.