Los vecinos del distrito de Pilar, en el noroeste del Gran Buenos Aires, están en estado de alerta y no es para menos: el intendente macrista Nicolás Ducoté pretende implementar un sistema meramente recaudatorio como las llamadas fotomultas.

Los concejales de oposición califican el sistema como "negocio espurio" dado que su único fin, como se dijo, apunta a recaudar. Simultáneamente, hacen públicas las presiones del jefe comunal a los ediles para que aprueben la ordenanza respectiva.

Es que el Municipio no está saneado ni económica ni financieramente, y el caño por donde parecen irse los fondo públicos es el rubro alquileres: la comuna paga 20 millones de pesos por el arrendamiento de locales cuya propiedad es de personas vinculadas a la gestión de Ducoté.

Mientras tanto y según se informó oficialmente, el Departamento Ejecutivo ya firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) para implementar el sistema.

Pero la letra chica de ese acuerdo es lo que más polémica levanta en Pilar: de lo recaudado, el 40 por ciento se lo quedará la UTN y dicha Cámara; el 30 por ciento la Provincia y el porcentaje restante para el Municipio.

Sin embargo, de este 30 por ciento destinado al distrito, está previsto que un 10 por ciento vaya para una fundación de seguridad vial vinculada a un exfuncionario provincial.