​En el marco del 40 aniversario del Golpe Cívico Militar que sufrió nuestro país, el Bloque de Senadores del Frente Para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires desarrolló la primera de las Jornadas "Justicia y Lucha contra la impunidad" donde se presentó el informe "Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad: Represión a Trabajadores Durante el Terrorismo de Estado".


Del evento participaron el titular del CELS Horacio Verbitsky, la investigadora del CONICET y FLACSO Victoria Basualdo y la ex responsable del Programa Verdad y Justicia Elizabeth Alcorta, junto con la Jefa del Bloque FPV Magdalena Sierra y la Senadora Mónica Macha.


Al dar inicio al evento, Sierra ponderó la elaboración del informe que detalla la responsabilidad empresarial durante la dictadura, ya que "los argentinos sufrimos las consecuencias del golpe cívico militar aún 40 años después".


"Este estudio nos da herramientas para profundizar la discusión y el conocimiento sobre la pata civil y empresarial de la dictadura" dijo la Senadora al tiempo que resaltó la presencia de "cientos de miles de argentinos el pasado 24 de marzo en la Plaza de Mayo defendiendo ese legado".


Por su parte, Mónica Macha resaltó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández "las políticas de derechos humanos nos permitieron trabajar con un horizonte de justicia" y llamó a las organizaciones políticas "a defender con uñas y dientes esta conquista fundamental lograda por los argentinos".
A su turno, la ex responsable del Programa Verdad y Justicia Elizabeth Alcorta resaltó que el caso del empresario recientemente condenado Marcos Levin constituye "la primer sentencia a un responsable civil-empresarial después de décadas de un proceso que avanzó muy poco y donde la lentitud fue muy parecida a la impunidad".


Según Alcorta, "algunas de las empresas detalladas en el Informe son el Ingenio Concepción, el Ingenio Ledesma, Acíndar, Siderca, Ford, Lozadur, Astillero Río Santiago, Swift, Molinos Río de La Plata, Las Marías, Loma Negra y La Nueva Provincia". Asimismo, la ex funcionaria llamó la atención sobre el accionar judicial al señalar que "de los más de seiscientos condenados, sólo uno lo es por su responsabilidad empresarial".


Finalmente, Verbitsky lamentó que el gobierno de Mauricio Macri haya “desmantelado” el programa Memoria, Verdad y Justicia que posibilitó la investigación para elaborar el informe.


“A partir de ese programa que unificó los esfuerzos del CELS, FLACSO, el ministerio de Justicia y la secretaría Derechos Humanos de la Nación del gobierno anterior, se pudo hacer un relevamiento inicial de 200 empresas. La investigación se profundizó en 25 de ellas recolectando documentos y realizando entrevistas con víctimas y sobrevivientes. El informe tipifica las distintas formas de responsabilidad empresarial en los crímenes de terrorismo de Estado”, precisó el periodista.


Para Verbitsky “esto abre un camino para poder dar cuenta en forma más precisa y real de en qué consistió el terrorismo de Estado y cuál fue la participación de los sectores civiles en esa trágica dictadura”.


“El gobierno tienen una actitud de desmantelar estos programas lo que muestra que no quiere avanzar en esta dirección”, concluyó.


La jornada contó con la presencia de académicos, representantes y dirigentes de distintas asociaciones de Derechos Humanos. Asimismo, también se hizo presente el senador provincial del PJ Darío Díaz Pérez.