A partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo, unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000 y se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo al diario La Nación que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 "en los próximos meses". El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables. "La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible", dijo la legisladora María Rachid.

"Los trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo", agregó Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el sida, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. 

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo.Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.