A raíz de un informe difundido por el diario "Tiempo Argentino" el pasado 6 de noviembre sobre los manejos irregulares de ambos empresarios que llevaron a cabo con la pauta oficial que recibía el Grupo 23, el conglomerado de medios que encabezaban. 

En dicha investigación, se demostró que hubo maniobras sobre retención indebida a los aportes de la seguridad social y los cheques rechazados librados por estos empresarios. 

Los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel serán investigados por “vaciamiento y evasión impositiva” como consecuencia de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que será instruida por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

“Del trabajo periodístico realizado, surge que Szpolski y Garfunkel, los dos principales propietarios de la empresa Balkbrug S.A., editora del diario -hasta la fuga de sus accionistas- y del holding de empresas que integraron el Grupo 23 habrían funcionado como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos a partir de la pauta publicitaria que le facturaban al Estado”, sostiene la denuncia de Procelac.

En esa presentación se remarca que "Szpolski, y un año después también Garfunkel, actuaron como los dos 'fronting' del grupo de empresas que, en su mayoría, estaban registradas en el fisco como 'Pymes' para pagar la mitad del IVA”.
El pedido de investigación incluye que se indaguen "los diversos puntos señados en todas las empresas que componen el Grupo 23”. 


Procelac sostiene que entre “las sociedades fantasma controladas por Szpolski”, podrían estar dedicadas al lavado de dinero, los trabajadores del diario descubrieron en Panamá la existencia de una empresa de turismo llamada 'Elos Internacional INC', creada por la familia Szpolski, reconocida en el fuero penal económico desde hace 15 años, luego de la quiebra del Banco Patricios.

En la denuncia, estipula que el nombre 'Grupo 23' fue una marca de fantasía de un grupo de empresas que Sergio Szpolski llamaba 'alianza', ya que no contaba con una firma controlante, y que “esas empresas que integraron el conglomerado facturaron varios millones de pesos al Estado, pero luego libraron decenas de cheques sin fondos”, fundamenta el escrito.