Los abogados defensores del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, pretenden imponer la hipótesis de que se trató de un enfrentamiento de dos grupos adversarios, buscando que se califique el crimen como "homicidio en riña", lo que morigeraría las penas previstas.

Sin embargo, la declaración de María Wenceslao Villalba primero, y la confirmación de un oficial de policía después, revelaron que se trató de un ataque violento por parte de la patota ferroviaria contra los tercerizados, cuando éstos se estaban retirando del lugar.

Además, el uniformado confirmó que los patrulleros de la Bonaerense se movieron para dejar el camino libre a los atacantes.

Al respecto, una de las abogadas querellantes, María del Carmen Verdú, indicó que durante lo que va del juicio "se ve con mucha claridad" que "en la sala hay un plan común de las defensas, tanto en la UF como de los defensores de los policías, destinado a tratar de desacreditar a las víctimas, tratando de convertirlos en agresores".

Sobre los testimonios de la semana pasada, Verdú sostuvo que "ha quedado muy claro cómo quedaron los hechos". La abogada destacó "el testimonio de María Wenceslao Villalba, la última querellante que faltaba por declarar. Ella estaba caminando con Elsa Rodríguez, de espaldas a la vía, a más de 400 metros del terraplén, cuando Elsa es alcanzada por un disparo en la cabeza".

"El testimonio de Maria -señaló Verdú- nos permitió reconstruir de manera clara cómo transcurrieron los minutos previos, la caminata al lado del Puente Bosch, las agresiones permanentes de la Policía Federal, de la Bonaerense, y la patota de la Lista Verdad y cómo después de más de una hora, cuando ya habían hecho una asamblea y habían atendido a los manifestantes, se están retirando cuando son atacados por -como ella definió- 'una jauría de perros salvajes'".

Ahora, la querella intentará demostrar la autoría intelectual de Pedraza en el asesinato de Ferreyra, a partir de sus vínculos con las empresas que explotaban personal tercerizado.

El Tribunal Oral en lo Criminal 21 juzga a Pedraza y a su segundo en el gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, como supuestos "instigadores" del crimen. También son juzgados dentro del grupo de acusados por homicidio Cristian Favale, Pablo Díaz, Jorge González, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez, Francisco Pipito, Gabriel Sánchez y Guillermo Uño.

Están procesados por "abandono de persona", a raíz de haber supuestamente dejado la zona liberada para el ataque a los mercerizados, siete policías federales pasados a disponibilidad, entre ellos Hugo Lompizano y Luis Mansilla.