Revocan la prisión domiciliaria de Milagro Sala y ordenan llevarla a prisión
La Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó este viernes la prisión domiciliaria para la líder de la Tupac Amaru y ordenó su traslado a un penal.
La Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó este viernes la prisión domiciliaria de la dirigente social Milagro Sala, a pedido del Ministerio Público de la Acusación jujeño, aunque de momento no se hará efectivo su traslado debido a que la defensa asegura que presentará recurso con efecto suspensivo, según informaron fuentes de la Organización Tupac Amaru.
La propia dirigente calificó esta noche como "una jugarreta sucia del Gobierno" de Gerardo Morales la decisión judicial de revocarle la prisión domiciliaria, la que vinculó a sus pedidos públicos por la desaparición del joven Santiago Maldonado.
"Esta es una jugarreta muy sucia de este Gobierno. Tengo claro que esto es político y que Morales me tiene miedo y me quiere tener callada y lo lamento porque me da vergüenza ajena de los sectores políticos que conduce él", señaló en declaraciones al canal C5N.
La dirigente aseguró que "cumplirá" con el fallo de la Cámara de Apelaciones y que se encuentra en su inmueble del barrio El Carmen "esperando que vengan" para trasladarla al penal de Alto Comedero, pero remarcó: "Que quede claro que están incumpliendo la resolución de la CIDH".
Según un comunicado de prensa de la organización, se "notificó a la defensa de la resolución según la cual 'revoca in totum la prisión domiciliaria de Milagro Sala' dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos y dispone el reingreso de la dirigente social a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero".
La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que intervino para que se modificaran las condiciones de detención de Sala y en razón de lo cual la dirigente había sido trasladada a su domicilio de la localidad de El Carmen a cumplir prisión preventiva.
"Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH", señalaron desde la Tupac Amaru al respecto.
En tanto, la defensa informó que "no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurrirán la medida que, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada".
Por otra parte, según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, "los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos", pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin, según remarcaron.
Finalmente marcaron que los abogados recurrirán la resolución de la Cámara de Casación y de hacerse efectiva la misma, "el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país".
Cabe mencionar, que la notificación fue recibida hoy a las 19 horas y aún no se conocen los fundamentos de la resolución, firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.
Sala había comenzado a cumplir prisión preventiva domiciliaria el pasado 31 de agosto, cuando fue trasladada a su vivienda del barrio El Carmen, en las afueras de la capital de Jujuy, en cumplimiento con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida había sido dispuesta por el juez de instrucción Pablo Pullén Llermanos, luego de que el inmueble ubicado en loteo Villa Parque La Ciénaga fuera acondicionado con importantes medidas de seguridad, cuestionadas por "innecesarias" por la defensa de la dirigente.
El inmueble, ubicado a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, había sido saqueado luego de su detención en enero de 2016, por lo que cooperativistas desempleados de la Tupac Amaru aceleraron los trabajos para poner a punto la vivienda.
La decisión había sido adoptada en cumplimiento de la resolución de la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la defensa de los derechos humanos, que aconsejó medidas alternativas a su detención en el penal de mujeres de Alto Comedero, donde se encontraba alojada desde enero de 2016.
En la propiedad de El Carmen, Sala estaba siendo monitoreada no sólo a través del sistema de videovigilancia sino que además portaba dos tobilleras electrónicas y efectivos de Gendarmería custodiaban los accesos y el perímetro del predio.