El Juzgado Federal N° 4 ordenó desarchivar la causa, guardada en 2010, en la que se investigan las responsabilidades políticas e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de 2002, por parte de la Policía Bonaerense.
La información fue emitida por el Frente Darío Santillán a través de un comunicado que indica que la decisión del juez Ariel Lijo se conoció el sábado luego de que "la causa federal haya sido archivada en el año 2010". El escrito celebra la orden y reitera el pedido de "juicio y castigo a los responsables políticos", como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Matzkin.
Gloria Cosentino, militante de Derechos Humanos de dicha organización aseguró que "más allá de la causa provincial, la causa federal, que está a cargo de (Ariel) Lijo, nunca avanzó", y narró que se archivó "en 2010 después de que el fiscal Miguel Ángel Osorio realizó pedidos de pruebas que el juez rechazó, como el cruce de llamadas de la Policía Bonaerense con funcionarios duhaldistas y el allanamiento de la Central de la Policía Bonaerense".
Asimismo Alberto Santillán, padre de Darío, celebró la noticia y destacó que la decisión fue tomada como consecuencia de un pedido realizado en una conferencia de prensa del Frente, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga), entre otros referentes de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, el pasado 26 de agosto en la ex Estación Avellaneda, que hoy lleva el nombre de "Darío y Maxi".
"En esa conferencia anunciamos el pedido de desarchivo denunciando también que hasta el momento el juez Ariel Lijo no sólo no aportó ninguna medida de prueba, sino que rechazó rotundamente los pedidos del fiscal", dijo Santillán.
Cosentino al respecto aseguró que "la ayuda y el impulso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza fue fundamental para llegar a esta noticia".
El abogado Pablo Pimentel sostuvo que "con esta decisión, puede abrirse una instancia interesante en la Argentina porque se trata de un hecho trascendente, y es necesario saber quién dio la orden que se llevó la vida de dos jóvenes militantes. Si logramos saber eso, terminaremos con la impunidad y, para eso, necesitamos otro Poder Judicial."

El Juzgado Federal N° 4 ordenó desarchivar la causa, guardada en 2010, en la que se investigan las responsabilidades políticas e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de 2002, por parte de la Policía Bonaerense.

La información fue emitida por el Frente Darío Santillán a través de un comunicado que indica que la decisión del juez Ariel Lijo se conoció el sábado luego de que "la causa federal haya sido archivada en el año 2010".

El escrito celebra la orden y reitera el pedido de "juicio y castigo a los responsables políticos", como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Matzkin.

Gloria Cosentino, militante de Derechos Humanos de dicha organización aseguró que "más allá de la causa provincial, la causa federal, que está a cargo de (Ariel) Lijo, nunca avanzó", y narró que se archivó "en 2010 después de que el fiscal Miguel Ángel Osorio realizó pedidos de pruebas que el juez rechazó, como el cruce de llamadas de la Policía Bonaerense con funcionarios duhaldistas y el allanamiento de la Central de la Policía Bonaerense".

Asimismo Alberto Santillán, padre de Darío, celebró la noticia y destacó que la decisión fue tomada como consecuencia de un pedido realizado en una conferencia de prensa del Frente, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y Vanesa Orieta (hermana de Luciano Arruga), entre otros referentes de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, el pasado 26 de agosto en la ex Estación Avellaneda, que hoy lleva el nombre de "Darío y Maxi".

"En esa conferencia anunciamos el pedido de desarchivo denunciando también que hasta el momento el juez Ariel Lijo no sólo no aportó ninguna medida de prueba, sino que rechazó rotundamente los pedidos del fiscal", dijo Santillán.

Cosentino al respecto aseguró que "la ayuda y el impulso de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza fue fundamental para llegar a esta noticia".

El abogado Pablo Pimentel sostuvo que "con esta decisión, puede abrirse una instancia interesante en la Argentina porque se trata de un hecho trascendente, y es necesario saber quién dio la orden que se llevó la vida de dos jóvenes militantes. Si logramos saber eso, terminaremos con la impunidad y, para eso, necesitamos otro Poder Judicial."