Mientras siguen ocupados los terrenos en el barrio porteño de Villa Lugano, cerca del Parque Indoamericano, y tras los fracasos de los acuerdos alcanzados, el magistrado convocó a una nueva reunión a los delegados de los ocupantes, que se lleva a cabo desde las 9 en la sede del juzgado, en Tacuarí 138.

"El juez se limitó a escuchar a todas las partes y el viernes a las 9 después de una nueva audiencia podría llegar a tomar una determinación sobre el predio", dijeron los participantes de la reunión efectuada en la noche del jueves.

El gobierno porteño volvió a ratificar su postura de querer reurbanizar la villa 20, sanear el terreno y hacer un relevamiento de las personas sin certificar plazos de ejecución por lo que, al igual, que la Fiscalía, pidió la "restitución" del inmueble.

Por su parte, la Defensoría General de la Ciudad, que representa a los ocupantes, rechazó el planteo y manifestó la necesidad de otorgarles a los vecinos soluciones habitacionales transitorias mientras se efectúan las tareas de reurbanización de la villa.

Gianna Rodríguez, abogada de las personas que ocupan el terreno, dijo que "el juez, sea la resolución que tome, debe proteger a los menores en el sentido de brindarle salud, alimentos y baños químicos".

"Antes de que se efectúe el desalojo presentaremos un escrito para que se evalúen disposiciones de Naciones Unidas que protegen a las personas en caso de cualquier tipo de desalojo forzoso", sostuvo.

Indicó además que según la disposición de Naciones Unidas "no deberá darse lugar a que los desalojados se queden sin vivienda y en caso de que no dispongan de recursos el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para el acceso a tierras".

Por su parte, el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, aseguró que "todas las partes hicieron mención a sus pretensiones y el Ministerio Público Fiscal ratificó el pedido del desalojo, mientras que la Defensoría Oficial rechazó el planteo de la fiscalía".

"Ratificamos el pedido de restitución del inmueble al igual que lo hizo el Ministerio Público Fiscal y mañana el juez adoptará una resolución", subrayó y añadió:"No nos parece que la cuestión de la ocupación tenga que ver con el cumplimiento de otras obligaciones".

En la audiencia, participaron abogados defensores de los ocupantes, funcionarios del gobierno porteño, de la Asesoría Tutelar de Menores, la Defensoría General e la Ciudad fiscales y la legisladora María Rachid (FPV) pero no los delegados de los vecinos.

Esta tarde más personas se sumaron al predio, lindero con la villa 20, situado en Fernández de la Cruz y Pola y comenzaron a levantar precarias construcciones de chapa y madera.

El fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Unrein, había intimado a los vecinos a desocupar el lugar antes de las 11.45 o pediría al juez Vega el desalojo en forma compulsiva.

Pero en medio de este escenario, los vecinos rechazaron la propuesta del gobierno porteño formulada el miércoles, en la que se comprometía a aplicar la ley 1770, sancionada en el 2005, que prevé la construcción de viviendas para los habitantes de la villa 20, previa descontaminación de los terrenos y realización de un relevamiento.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Nación dijeron que por la toma se tramitan dos causas, una contravencional, que lleva el fiscal Carlos Rolero, por usurpación de un terreno, propiedad del gobierno porteño, y otra contenciosa administrativa en la cual los vecinos demandan al gobierno de Mauricio Macri por falta de cumplimiento de la norma.

Cientos de familias esperaban anoche la resolución de esta reunión y, a través de una carta que leyeron a los medios, aseguraron que "no pedimos nada regalado, queremos una vivienda digna en el barrio donde nacimos, la villa 20, y donde criamos a nuestros hijos".