El año pasado, Metrovías presentó un informe en el que se negaba la existencia amianto en numerosos trenes adquiridos para el subte porteño. Dicho informe sostenía la "ausencia de contaminación por la presencia de amianto en las instalaciones".

Entonces, los Metrodelegados impugnaban el análisis realizado por la empresa Alimentaria San Martín, contratada por la consignataria del subterráneo de Buenos Aires, afirman que sí había material cancerígeno.

Finalmente, el Consejo Profesional de Química (CPQ) les dio la razón: la contratada por Metrovías no contaba entonces ni ahora con la habilitación para llevar adelante ese tipo de estuidos y, además, utilizó el sello del Consejo sin autorización. En concreto: los análisis fueron realizados por una empresa trucha.

Ahora, el CPQ presentó una denuncia contra Mario Ismach, propietario de Alimentaria San Martín, "por los delitos de usurpación de títulos y honores y uso de documento falso", según se advierte en el documento presentado ante la Justicia, que agrega. "Los protocolos son de una falsedad manifiesta (y) hay intención de defraudar".