La causa original, que investiga el manejo de los fondos públicos del Programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, derivó en otra denuncia de estafa que tiene como querellante a una ex socia de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a los hermanos, ya que a través de una maniobra fraudulenta se quedaron con un inmueble perteneciente a María Alejandra Artacho, quien había invertido dinero en un emprendimiento gastronómico -un restaurante de San Telmo, en la calle Defensa al 700- con ellos.

Artacho denunció la estafa porque, al haber hipotecado su casa para aportar dinero a la sociedad, su propiedad pasó a nombre de la firma Antártica Argentina, administrada por los Schoklender.

A modo de prueba, Artacho guarda varios remitos de materiales de construcción comprados para el emprendimiento pero que fueron remitidos a nombre de la Fundación. Es decir, que la hipótesis que maneja el magistrado es que los fondos que enviaba el Estado para la fundación solidaria eran desviados a este emprendimiento comercial.

Artacho señaló su función como gerenta del restaurant y declaró que los inversores iniciales fueron Sergio y Pablo Schoklender y Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo durante el mandato de Carlos Menem y ex ministro de Producción en el gobierno de Jorge Telerman en la Ciudad de Buenos Aires.

Docamer era el nombre que tenía la firma administradora del restaurante, aunque el nombre de los Schoklender no aparecían: el que sí aparecía era Hugo Gallardo, un abogado de confianza de ambos.

Rodríguez se fue de la sociedad y Artacho fue conminada a poner dinero en la empresa. Para eso hipotecó su departamento. El dinero fue transferido primero a nombre de Pablo Schoklender, y luego hacia la sociedad Antártica Argentina, que es investigada por el caso de la Fundación.

Martínez de Giorgi recibió toda la causa en 2013 después que la Sala I de la Cámara Federal apartara del caso al juez original: Norberto Oyarbide. Retomó la investigación principal, intentando determinar cómo fueron administrados los millonarios fondos del Estado que se enviaban a los distritos para hacer viviendas destinadas a los más pobres, y que los Schoklender desviaban para sus negocios personales.

Las indagatorias comienzan con la de Rodríguez que está pautada para el 24 de junio. El 3 y el 7 de julio tendrán que declarar Pablo y Sergio Schoklender respectivamente.