Un grupo de legisladores provinciales cordobeses presentó ante la Justicia Penal Juvenil un recurso de “habeas corpus colectivo correctivo”, en defensa de los jóvenes detenidos en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza.
La presentación fue apoyada por los representantes del Frente Cívico Liliana Montero, Marta Juárez y Santiago Clavijo, y el socialista Roberto Birri, y  pide al juez que ordene al Poder Ejecutivo encabezado por José Manuel de la Sota que “arbitre las medidas conducentes y ejecute las obras necesarias”, para que cesen las “deplorables condiciones” en las que viven los 280 adolescentes alojados en el Complejo.
Luego de dos visitas de la legisladora Montero a la institución, en 2012 y 2013, se constató la persistencia de estas situaciones: “1) La falta o carencia de una infraestructura adecuada y acorde a la situación de los alojados en ella en la que se advierte un deterioro evidente. 2) El hacinamiento en celdas de reducidas dimensionas, lo que trae aparejado serios inconvenientes de higiene, seguridad, salubridad, comodidad, iluminación y hasta de aireación de las celdas, y que también provoca, inevitablemente, problemas personales de convivencia entre los internos. 3) La insuficiencia de recursos humanos y materiales. 4) Mala alimentación”.
"Todo empeoró desde que vine en 2012, el lugar fue desmejorando, realmente es abominable caminar por allí", explicó Montero a los medios, y agregó: "Pedimos que la Justicia le ordene al Ejecutivo que ese lugar sea lo que debe ser: un centro socioeducativo, no lo que es hoy. Está claro que el sistema no está funcionando, esto es una especie de cárcel para menores en horrendas condiciones".
"No hay un trabajo consciente del Gobierno sobre esta situación. Si vos no tenés políticas destinadas a trabajar con los pibes para reinsertalos en la sociedad, lo que terminan siendo estos lugares son depósitos humanos, es decir que salen con la misma situación en la que entraron, sin oficios, sin talleres, sin futuro", señaló la legisladora.
Montero explicó que "las irregularidades no sólo son de infraestructura, acá también vienen pibes menores de la edad permitida, hay chicos de 12, 13 años, cuando sólo pueden estar los de 14 a 18".
"Hay algo que es muy importante y tiene que ver con la falta en los elementos de higiene y en los objetos materiales, al haber muy poco de todo, hay mucha demanda de los pibes y algunos hasta terminan robando esos elementos para tenerlos, lo que provoca peleas dentro del complejo. Es decir que con esta lógica se sigue consolidando la conducta violenta y delictiva. Se reproduce el modelo de exclusión", finalizó la legisladora.

Un grupo de legisladores provinciales cordobeses presentó ante la Justicia Penal Juvenil un recurso de “habeas corpus colectivo correctivo”, en defensa de los jóvenes detenidos en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza.

La presentación fue apoyada por los representantes del Frente Cívico Liliana Montero, Marta Juárez y Santiago Clavijo, y el socialista Roberto Birri, y  pide al juez que ordene al Poder Ejecutivo encabezado por José Manuel de la Sota que “arbitre las medidas conducentes y ejecute las obras necesarias”, para que cesen las “deplorables condiciones” en las que viven los 280 adolescentes alojados en el Complejo.

Luego de dos visitas de la legisladora Montero a la institución, en 2012 y 2013, se constató la persistencia de estas situaciones: “1) La falta o carencia de una infraestructura adecuada y acorde a la situación de los alojados en ella en la que se advierte un deterioro evidente. 2) El hacinamiento en celdas de reducidas dimensionas, lo que trae aparejado serios inconvenientes de higiene, seguridad, salubridad, comodidad, iluminación y hasta de aireación de las celdas, y que también provoca, inevitablemente, problemas personales de convivencia entre los internos. 3) La insuficiencia de recursos humanos y materiales. 4) Mala alimentación”.

"Todo empeoró desde que vine en 2012, el lugar fue desmejorando, realmente es abominable caminar por allí", explicó Montero a los medios, y agregó: "Pedimos que la Justicia le ordene al Ejecutivo que ese lugar sea lo que debe ser: un centro socioeducativo, no lo que es hoy. Está claro que el sistema no está funcionando, esto es una especie de cárcel para menores en horrendas condiciones".

"No hay un trabajo consciente del Gobierno sobre esta situación. Si vos no tenés políticas destinadas a trabajar con los pibes para reinsertalos en la sociedad, lo que terminan siendo estos lugares son depósitos humanos, es decir que salen con la misma situación en la que entraron, sin oficios, sin talleres, sin futuro", señaló la legisladora.

Montero explicó que "las irregularidades no sólo son de infraestructura, acá también vienen pibes menores de la edad permitida, hay chicos de 12, 13 años, cuando sólo pueden estar los de 14 a 18".

"Hay algo que es muy importante y tiene que ver con la falta en los elementos de higiene y en los objetos materiales, al haber muy poco de todo, hay mucha demanda de los pibes y algunos hasta terminan robando esos elementos para tenerlos, lo que provoca peleas dentro del complejo. Es decir que con esta lógica se sigue consolidando la conducta violenta y delictiva. Se reproduce el modelo de exclusión", finalizó la legisladora.