Como un ejemplo de las tomadas de pelo continuas de la administración actual, el decreto 1030/16, en su artículo 9 estableció la contratación de una consultora privada para realizar una tarea para la cual claramente fue formada la Oficina Anticorrupción.

Se trata de un acuerdo por un "servicio de consultoría para la elaboración de un mapa de riesgo de corrupción de un organismo público de complejidad”, o sea investigación sobre hechos de corrupción, es decir, el principal objetivo de la dependencia. 

Quizá en el monto que el Estado abonó para este trabajo -1.320.000 pesos- haya algún indicio o explicación de por qué el organismo de Laura Alonso necesita un servicio externo para llevar adelante una tarea tan importante como la de controlar el funcionamiento de los organismos públicos.