La marcha contra la violencia de género se extiende a Chile y Uruguay
La convocatoria para concientizar y hacer respetar las leyes ante la realidad del femicidio que azota a las sociedades de la región gana apoyo internacional.
La marcha convocada el 3 de junio a las 17 hs en el Congreso, que se viralizó bajo el hashtag #NiUnaMenos, tendrá sus réplicas en Chile y en Uruguay.
En la capital del país trasandino repudiarán los femicidios de 28 mujeres ocurridos en el primer semestre del año. Vistiendo de negro en señal de luto pedirán la implementación de políticas públicas para frenar esta problemática en aumento en países de América latina.
Mientras que en Montevideo, Maldonado y otras localidades uruguayas se realizarán diversas marchas a las 18 hs usando los lemas #NiUnaMenos #TocananunaTocanatodas.
En la marcha de Buenos Aires se espera una amplia participación para reclamar, entre otros puntos, el cumplimiento efectivo de una ley que garantice la protección de las víctimas.
La ley 26.485 fue sancionada en Argentina hace seis años y aborda de manera integral la violencia de género. Su título es "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales", pero sin embargo desde 2008 hasta diciembre del año pasado fueron asesinadas 1808 mujeres según revelan las estadísticas de La Casa del Encuentro.
Los principales puntos del reclamo
- La implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485.
- Que se garantice el acceso de las víctimas a la Justicia, algo que todavía no se logra de forma pareja en todo el territorio.
-La creación de un registro oficial único de víctimas, para que las mismas no se superpongan en diversas instancias judiciales ni en distintas jurisdicciones.
- Que se cumpla con los programas de educación sexual integral y que se lleve, a todas las instancias educativas, una capacitación sensible de docentes y directivos.
-La creación de políticas de monitoreo de los victimarios, para asegurar que no restrinjan las prohibiciones de acercamiento que les impone la Justicia.