Lo que preocupa, además de la imparable ola de despidos y la floja actitud del Gobierno para producir nuevos puestos, es el decidido impulso y 'permiso' para los empresarios de parte del Presidente para allanar el terreno a la flexibilización laboral. 

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apenas en el mes de marzo, otras 4823 personas se quedaron sin trabajo y el 60 por ciento de estos despidos se dieron en el sector industrial. La tendencia reductora de personal se suma al deterioro de los sueldos -tarifazos, inflación, informalidad- y al impulso que el Gobierno le da a la firma de convenios colectivos con pérdidas de derechos: en una palabra, flexibilización.

“Al contrario: si en 2016 la política flexibilizadora laboral fue de ‘trazo grueso’, sustentada en la pérdida masiva de puestos de trabajo y la caída de salario real, en 2017 se puede hablar de una ‘sintonía fina’ flexibilizadora, donde además de despidos y caída de los salarios, se suman acuerdos como el de los petroleros en Vaca Muerta, que el propio Gobierno pretende extender a la industria automotriz (el presidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, al rubro textil y el del calzado entre otros, que incluye la pérdida de derechos laborales adicionales”, sostuvo el director del CEPA Hernán Letcher, en declaraciones a Página 12.

Los despidos en el mes de marzo superaron a los que se dieron en febrero: 4008 despedidos y 560 suspensiones en el sector privado, mientras que 255 empleados fueron cesanteados en el sector público. La acumulada trimestral sumó 9599 despidos y 2594 suspensiones, impactando mayoritariamente en el sector industrial y los servicios.

El análisis refleja que el Estado actúa como ejemplo en materia de despidos, permitiendo al sector privado reproducir este ajuste en sus planteles, afectando también el consumo y la industria, ya golpeados por la política de apertura de las importaciones.

Además, CEPA estipula que hay nueve mil puestos en riesgo inmediato: la multinacional norteamericana Ingredion despidió en sus plantas de Baradero y Chacabuco a 186 empleados, pero cerca de 3 mil no tienen garantías. En Sancor, provincia de Santa Fe, penden de un hilo otros mil laburantes. Nextel tiene la intención de tercerizar a 1500 trabajadores de call center. Tres mil petroleros de Santa Cruz denuncian posibles cesantías en YPF, PAE, Sinopec, Sipetrol, Capsa y Tecpetrol.