El Informe anual de los servicios de atención de la Defensoría General de la Nación (DGN), que fue difundido hoy, señaló que el 42 por ciento de los agresores incumplió las órdenes perimetrales de la justicia durante 2016, mientras que en el 2015 el porcentaje se ubicó en el 34 por ciento. 

“Durante 2016 se intensificaron las situaciones de violencia de género”, demostró el informe de la DGN. Los servicios, que operan en la Ciudad de Buenos Aires, recibieron 2.656 consultas por violencia de género y otorgaron patrocinio jurídico gratuito en 849 casos para obtener medidas de protección.

Las principales medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género son la prohibición de acercamiento y de contacto del agresor, la exclusión del hogar del agresor o reintegro de la mujer al hogar si se había retirado y medidas vinculadas a procesos de familia (fijamiento de cuota alimentaria provisoria, suspensión provisoria del régimen de visitas, protección de bienes gananciales, entre otras).

Sólo en el 17 por ciento de los expedientes en los que se denunció la infracción se constató que se aplicaron sanciones a los denunciados.  Además, en dos tercios de los casos la notificación de la medida de protección quedó a cargo de la denunciante, "lo que burocratiza innecesariamente el trámite y pone en cabeza de las víctimas las gestiones para que las órdenes judiciales sean efectivas". 

En ocho de cada 10 casos se denunciaron situaciones de violencia por períodos que exceden el año (84 por ciento), y con una frecuencia diaria o semanal (79 por ciento). Asimismo, nueve de cada diez mujeres asistidas denunciaron a sus parejas o exparejas, y ocho de cada 10 declararon tener hijos o hijas en común con su agresor.


El informe destacó que la intervención de un profesional especializado en esos casos permitió "obtener mejores medidas de protección y el acceso de las víctimas a sus derechos". 

Para la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN, de la que dependen estos servicios de asesoramiento y patrocinio, la reiteración de denuncias "demuestra la necesidad de repensar los mecanismos actuales de protección y evaluar modelos superadores, que logren brindar respuestas más eficientes y de fondo a la situación de las mujeres que buscan medidas de protección".