María tomó la difícil decisión de interrumpir su embarazo ya que una afección cardíaca que padecía previamente la ponía en peligro. Sin embargo el aborto no punible no se pudo realizar debido a que, por una amenaza a los médicos, desistieron de llevar a cabo la práctica. La mujer finalmente dio a luz a una niña y a los ocho días sufrió un ACV que le dejó el hemisferio izquierdo de su cuerpo completamente paralizado.

Ante esta situación el Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales de Entre Ríos tomó cartas en el asunto. Es que para el Ministerio de Salud de Entre Ríos "no existe reproche administrativo alguno por el accionar del personal del Hospital San Martín" de Paraná que se negó a realizarle a una paciente un aborto no punible en agosto de 2011, informó Tiempo Argentino.

"Esto demuestra que el Ministerio de Salud provincial sigue desconociendo el artículo 86 del Código Penal sancionado en 1921 y lo que dice el protocolo de aborto no punible ordenado por la Corte Suprema en 2012", argumentaron en dicho ente.

La tragedia de María comenzó el 15 de junio del 2011 cuando llegó al Hospital Materno Infantil San Roque con un embarazo de diez semanas. Recién en julio y, tras varios estudios debido a su afección cardíaca, se determinó que es conveniente "en aras de proteger la vida de la paciente aconsejar la interrupción del embarazo".

Tras discutirlo con su esposo decidió someterse a la interrumpción de la gestación. El 11 de agosto, en el Hospital San Martín, se programó la cesarea, ya que antes no contaban con terapia intensiva para adultos. En ese momento María tenía 18 semanas de gestación. Se internó un día antes pero la operación nunca se hizo.

Cesar Pazo, médico antiabortista, amenazó con denunciar a los cirujanos que llevarían a cabo la intervención pese a que la mujer firmó el consentimiento escrito habilitando la intervención. Pero no solo eso, además forzó su suspensión y derivó a la paciente al Hospital Posadas de Buenos Aires.

Lo que siguió fue un camino lleno de dolor. María estuvo internada hasta el 25 de noviembre, cuando se le realizó una cesárea en la que dio a luz una niña. Sin embargo a los ocho días sufrió el ACV que la tuvo diez días en terapia intensiva y le dejó una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.

El abogado Martín Rodrigo Navarro hizo una presentación en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná en octubre del año pasado. En la demanda se exige una indemnización de la provincia de Entre Ríos por daños y perjuicios y denuncia la "violación reiterada y sistemática de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos".

Según consta en su historia clínica, por su enfermedad, y antes del nacimiento de su hija, ya había sufrido cinco abortos espontáneos y un parto prematuro. Incluso le habían autorizado una ligadura de trompas que no pudo realizarse en el Hospital San Roque "porque el quirófano no estaba en condiciones".

En tanto el Ministerio de Salud de Entre Ríos entendió que en el Hospital San Martín se decidió "postergar" la cirugía y "derivar" la paciente a un centro de mayor complejidad, "a pesar de su decisión de que se le practique el aborto", y se aclara que "tal resolución se tomó en pos del derecho a la vida". Si bien se reconoce la gravedad de la situación, tras 16 meses de instrucción, se llegó a la conclusión de que "no existe reproche administrativo alguno". María todavía espera una respuesta.