Este jueves, 24 horas después de la presentación del Proyecto de legalización de la  Interrupción Voluntaria del Embarazo, una mujer de 31 años murió por un aborto clandestino e inseguro en Pacheco, Tigre. 

La mujer falleció por una infección generalizada tres días después de haber ingresado al Hospital Pacheco, según pudo saber la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, vivía en el barrio de Los Tábanos y tenía escasos recursos económicos. 

A pesar de que le practicaron una histerectomía de urgencia por el cuadro que presentaba, la mujer no sobrevivió y murió por un shock séptico. De acuerdo a la información de los médicos que tuvieron acceso al diagnóstico, la infección generalizada de origen uterino se generó por una maniobra de aborto incompleto.

En el caso de la mujer que falleció, ella no pudo acceder a la información necesaria sobre los riesgos que corría su vida por intentar practicarse un aborto clandestino. A metros de su vivienda, había un centro de salud que realiza consultorías de reducción de daños e interrupciones legales de embarazos, pero “la mujer no accedió a este espacio tampoco”, puntualizó Cecilia Agote, miembro de la Red.

“Cualquier persona que acceda a cualquier efector de salud diciendo que está cursando un embarazo que no desea y que quiere interrumpirlo, lo mínimo que tiene que recibir es información sobre las consecuencias que pueda llegar a tener”, agregó la médica.

Además de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación (y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de  la mujer y en casos de violación), el proyecto presentado el martes establece que el Estado debe garantizar “asesorías” para las personas que las soliciten a la hora de pedir un aborto. En ellas, deberán recibir información “objetiva, pertinente, precisa, confiable, científica, actualizada y laica” sobre la práctica, y además se les tendrá que ofrecer métodos anticonceptivos.