Prendas de primeras marcas, incluso de nivel internacional, como Pierre Cardin, y uniformes de escuelas privadas, como el del Colegio Santa Brígida, del barrio porteño de Caballito, se confeccionaban en el taller textil clandestino de Flores, incendiado en dos ocasiones, en la primera de las cuales murieron dos niños.

Así lo confirmó a Télam el inspector de Trabajo del gobierno porteño Edgardo Castro, quien aseguró que, por lo que pudo constatar en persona, y a partir de los testimonios de vecinos, “el segundo fue intencional, como el de Iron Mountain”.


Castro denunció en 2008 a la empresa Iron Mountain por irregularidades edilicias y de seguridad, y recomendó su clausura, pero nunca fue atendido por las autoridades del gobierno de Mauricio Macri.


En febrero último, el galpón de Barracas denunciado por Castro, se incendió, provocando la muerte de 10 bomberos, y el origen del siniestro fue declarado intencional por la Policía Federal.


El inspector porteño precisó que “en el segundo incendio los autores ingresaron por el costado, que es una propiedad de los mismos dueños del taller textil, lo que confirma la intencionalidad del hecho”.

“Hubo varios embates de esta mafia, los días posteriores al primer incendio y previos al segundo, en los que intentaron ingresar al taller y sacar objetos, con el propósito de eliminar pruebas”, aseguró Castro.


Indicó que “los efectivos de la Policía Federal que estaban a cargo de la custodia del lugar, tras el primer incendio, tuvieron que pedir refuerzos para evitar que se eliminen pruebas”, y remarcó que “como no pudieron, provocaron el incendio”.


Remarco que “estos incendios en Flores desnudaron la batalla interna que existe entre funcionarios del gobierno porteño, por el control de la actividad de los talleres clandestinos, no para regularizarlos sino para permitir que sigan funcionando”.


Fuentes cercanas a la administración macrista reconocieron a esta agencia que tras el incendio de Iron Mountain, se desató una interna que existe entre el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.


Esta puja responde a que hace rato que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quiere unificar las áreas de habilitación y control del trabajo, lo cual es ilegal e inconstitucional.


Gómez Centurión es quien encabeza hoy la cruzada por centralizar todo, pero que encuentra la resistencia del director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Fernando Macchi, señalado por estas mismas fuentes por su connivencia con la red de talleres clandestinos, aglutinados bajo la firma Compañía Argentina de la Vestimenta.


De hecho, un expediente, donde se denuncia el accionar de esta empresa, sindicada por varios como la pantalla tras la cual funciona la llamada mafia de los talleres clandestinos, cayó en manos de la gerente operativa de Infracciones a la Normativa Laboral del gobierno porteño, Karina Lilian Molinuevo Ortega, quien por orden de Macchi frenó su ejecución.


Macchi tiene como jefe a Sabor, cuyo jefe, es su vez, el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, un ex ejecutivo del HSBC Argentina, banco con archivos depositados en Barracas, perdidos durante el incendio de Iron Mountain, en cajas que llevaban denominaciones como "lavado de dinero".