Un informe realizado por los legisladores del bloque de Nuevo Encuentro, que fue publicado por Página/12 señala que las inspecciones realizadas en la Ciudad sobre normativa laboral, trabajo a domicilio y trabajo infantil, cayeron de 3748 en 2012 a 2700 en 2013, según datos oficiales del própio gobierno porteño.

"Una de las comunas donde más se incrementó la presencia de talleres textiles no registrados es la (Comuna) 7, casualmente la de Flores, donde se produjo la tragedia en la que murieron dos niños", Orlando y Rodrigo Menchaca, de 5 y 10 años, explicó el diputado porteño José Cruz Campagnoli.

"Tenemos que evitar muertes como en el caso del taller de la calle Páez, que se podían haber evitado porque hubo allí una inspección en 2009 que no arrojó ningún resultado positivo", agregó.

Los legisladores del bloque ahora investigan una denuncia que involucra –una vez más– a los talleres clandestinos con las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

"La tragedia de la calle Páez (2796) y el incendio intencional posterior estarían relacionados con alguna documentación que vincula a las marcas Awada y Cheeky", señaló Campagnoli.

El legislador aseguró que "hay que investigar bien a fondo si esos talleres trabajan para estas marcas tan importantes, porque de esa manera, esta tragedia lamentable, que no debe quedar impune, podría producirle un sacudón al gobierno porteño para incrementar las inspecciones y terminar con la explotación de los trabajadores."

Con respecto a la precariedad laboral, explicó que lo que buscan "es ponerle fin a este sistema actual de indiferencia y desidia del gobierno porteño. Estamos empezando a construir una herramienta para que el Estado se haga cargo de las personas afectadas por la red de explotación laboral. Estamos de acuerdo en que hay que darle una respuesta seria e integral a este tema".

Campagnoli explicó que la mayoría de las inspecciones no arrojan ningún resultado porque "los inspectores, la mayoría de las veces, no pueden ingresar a los lugares denunciados, porque les niegan el ingreso o porque directamente no responden al timbre ni cuando golpean las puertas", y precisó que esta imposibilidad de que ejerzan "su poder de policía es que nunca son acompañados por la fuerza pública de la Ciudad, porque la Policía Metropolitana nunca acompaña a los inspectores".

El legislador afirmó que lo que se necesita es "un cuerpo de inspectores mucho más numeroso y la intervención de la fuerza pública de la Ciudad, para poder enfrentar a las marcas grandes que siguen explotando los talleres no habilitados donde las personas ganan dos pesos por hora y tienen que trabajar 15 horas por día, confeccionando prendas de vestir que luego se venden a 1500 pesos o más, en los mejores negocios del norte de la ciudad de Buenos Aires".

Según consigna el Informe de Nuevo Encuentro, en la Ciudad, "el trabajo ilegal se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años e incluso ha crecido en las comunas del sur", a diferencia de "lo que ocurre a nivel nacional, en donde el trabajo no registrado disminuyó entre 2008 y 2013 de 37 por ciento a 33,7 por ciento".

En la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo esclavo se mantuvo con valores que "siempre oscilaron en el orden del 27 por ciento". En ese marco, la diferencia más notoria es la que se observa entre las comunas del norte y del sur.

Los "niveles de desigualdad" se manifiestan de esta forma: "Mientras en las del norte la tasa promedio es de 22,8 por ciento, la del sur fue superior en casi 10 puntos porcentuales porque llegó al 32,2 por ciento" en 2013, superando al 31,6 que se había registrado en 2008, y alcanzando incluso picos del 34 por ciento de trabajo no registrado en 2009 y de 33,3 en el año 2010.

En el informe sostiene que frente a esta situación, el Gobierno porteño "contrariamente a lo que debería, ha debilitado notablemente las funciones de inspección laboral" que "son aquellas que podrían haber detectado estas irregularidades (...) evitado la tragedia" del taller de la calle Páez.

Un primer indicador es "la cantidad de actas labradas en inspecciones, que disminuyó marcadamente tanto en lo que respecta a normativa laboral y a trabajo a domicilio, como a trabajo infantil". La reducción más pronunciada fue "justamente la relacionada a trabajo infantil, que cayó un 57", pasando de 92 inspecciones en 2012 a 40 en 2913.

El informe concluye diciendo que "en definitiva, la muerte de los dos chicos en Flores pone al descubierto no sólo la existencia de una red de talleres clandestinos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y someten a sus trabajadores a condiciones rayanas a la esclavitud, sino también la absoluta inacción e incluso complicidad del Gobierno de la Ciudad, que durante estos años debilitó profundamente las funciones de inspección laboral" que son de su competencia.